La aerolínea de bajo coste Eurowings, en nombre de todas las filiales del grupo Lufthansa, exige a los activistas climáticos del grupo Última Generación 740.000 euros en indemnizaciones por el bloqueo el verano pasado y en otoño de 2022 de pistas de despegue en tres aeropuertos de Alemania.
Según informó hoy el diario «Bild am Sonntag» en su edición digital, solamente en el aeropuerto de Hamburgo (norte), la acción de los activistas del 13 de julio afectó a 57 vuelos del grupo Lufthansa, entre ellos de Lufthansa, Eurowings y Swiss, y a 8.500 pasajeros.
El perjuicio causado se situaría en 400.000 euros, factura que ha sido enviada ya a diez activistas, que cortaron una valla de acceso y se dirigieron en bicicletas a las pistas.
De acuerdo con la información proporcionada entonces por la Policía, cuatro se pegaron en el suelo en vías de acceso de las pistas de despegue y aterrizaje.
En el aeródromo de Düsseldorf (oeste), una acción paralela el mismo día impidió despegar a 24 aviones y a 3.000 pasajeros, lo que habría provocado daños económicos a las aerolíneas de unos 220.000 euros.
Los integrantes de Última Generación explicaron el verano pasado que protestaban contra «la falta de planes y de cumplimiento de las leyes por parte del Gobierno en la crisis climática».
En el aeródromo de Berlin-Brandeburgo una protesta que tuvo lugar en noviembre de 2022 entorpeció el plan de vuelo de 25 aviones y de 5.000 viajeros.
En este caso seis activistas recibieron una factura conjunta de 120.000 euros que se les exige pagar, si bien ninguno ha desembolsado la compensación demandada.
Los activistas de Última Generación efectúan protestas desde principios de 2022 en Alemania con bloqueos de carreteras y otras acciones para exigir una mayor protección del clima.
La más reciente la llevaron a cabo en varias ciudades alemanas al rociar los árboles de Navidad con pintura naranja.
La Puerta de Brandeburgo en Berlín también fue rociada con pintura. Según la administración inmobiliaria de Berlín, los daños ascendieron a 115.000 euros.
Estas acciones han contribuido a que Berlín reexamine si el grupo Última Generación debería clasificarse como organización criminal.
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