La designación del nuevo Consejo Nacional Electoral ha demostrado cuán en Narnia vive un sector de la oposición. Es obvio que ese CNE surge de las discusiones tras bastidores entre el gobierno y quiénes el régimen considera sus interlocutores válidos: los factores representados por Henrique Capriles y Henri Falcón. Con Juan Guaidó el trato fue más lateral.
A la sociedad civil no se le tomó en cuenta para nada. La Constitución y la Ley de Procesos Electorales fueron ignoradas por completo. Los órganos del Poder Electoral no se eligieron de acuerdo con los principios de independencia orgánica, autonomía funcional, despartidización, imparcialidad y participación ciudadana, establecidos en la Constitución. No rigió la norma –Art. 296– de acuerdo con la cual el CNE debe estar integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos postulados por la sociedad civil, uno por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y uno por el Poder Ciudadano. Tampoco se cumplió con el requisito exigido por el mismo artículo, según el cual la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento serán presididas por un integrante propuesto por la sociedad civil.
Esa realidad es inocultable. Vivimos bajo un régimen de facto que desconoce y viola la Constitución discutida, redactada y aprobada en 1999, cuando tenía el control total de la Asamblea Nacional Constituyente. A la carta magna surgida de ese foro, Hugo Chávez la llamó la ‘mejor Constitución del mundo’. La letra de ese acuerdo de gobernabilidad se convirtió desde hace tiempo en un estorbo para la continuidad del régimen. Nicolás Maduro se somete a ella solo en apariencia. Acepta que se designe el Comité de Postulaciones estipulado en la Constitución, pero bajo la condición de que la integración final del CNE se realice de acuerdo con sus propios designios. La roja sí que es una democracia formal. Una baratija de utilería.
Frente a este dato, la pregunta inevitable es: ¿la oposición puede modificar este marco para lograr que el CNE esté integrado por personas imparciales y sea expresión de la sociedad civil, de acuerdo con los postulados de la carta magna? Mi respuesta es NO. El cuadro global de debilidad en el que se encuentra la oposición es de tal magnitud y la fortaleza relativa del régimen es tan grande, que el CNE surgido es el resultado de las concesiones que ha debido hacer el régimen para tratar de congraciarse con el gobierno de Biden y con la Unión Europea, que lo acosan desde distintos flancos, sin darle tregua.
El CNE surgido de la Asamblea Nacional no es el resultado de la claudicación de la oposición, sino de una concesión que tuvo que hacer el gobierno de Nicolás Maduro para reiniciar el diálogo con los miembros de la comunidad internacional que le exigen restablecer el marco democrático en Venezuela. En medio de la fragilidad de una oposición dividida y confusa como la que tenemos, el régimen accedió integrar un CNE que no le desagrada a esos factores de poder y lo reconcilia en parte con esa comunidad que lo ha aislado y execrado.
Entonces, quien concedió no fue la oposición, como señalan algunos núcleos radicalizados opuestos al gobierno. No es que los factores democráticos fortalecidos, en un momento de debilidad cometieron un desliz que los llevó a rendirse frente a un adversario inerme y derrotado. Es todo lo contrario: en uno de los momentos de mayor impotencia y fragmentación de los últimos veintidós años, una fracción opositora, la menos apegada a dogmas y principios abstractos, logró sellar un acuerdo con el régimen que abre la posibilidad de explorar el camino electoral con el visto bueno de miembros de países amigos.
A pesar de todos los obstáculos existentes, la participación en las elecciones con las mejores condiciones posibles que la presión interna e internacional permitan, es el único camino que los demócratas venezolanos podemos transitar. Las demás rutas están canceladas. Se encuentra fuera de nuestro alcance que los partidos políticos pasen a la clandestinidad, como cuando Pérez Jiménez; o que promuevan la formación de grupos paramilitares, como en Nicaragua o en la Venezuela de los años sesenta; o que impulsen huelgas insurreccionales, como el paro petrolero; o grandes estallidos sociales, como el Caracazo; o invasiones extranjeras. Estas alternativas solo existen en la imaginación de unos cuantos ilusos.
El camino más realista consiste en admitir nuestras debilidades y las del adversario; reconocer que recuperar el voto como instrumento de lucha y la organización para participar en elecciones tomará tiempo y esfuerzo. Hay que superar la etapa de la denuncia, el testimonio y la constatación, para comenzar a estructurar –a partir de nuestra anemia– una alternativa basada en reformas y en la transformación del inmenso rechazo a Maduro en una fuerza de cambio.
