La diócesis católica de Hong Kong declaró que la nueva ley de seguridad nacional «no alterará la confidencialidad de las confesiones» pese a las voces que apuntan a que los líderes religiosos podrían vulnerar la legislación si no denuncian a quienes pongan en peligro la seguridad del territorio.
La diócesis hongkonesa afirmó este viernes en un comunicado que la confidencialidad confesional no se verá comprometida por la propuesta legislativa, si bien avisó de que todos en Hong Kong tienen «la obligación de garantizar la seguridad nacional».
El secretario de Justicia, Paul Lam, había afirmado previamente que sería «difícil eximir de la ley a los líderes religiosos y a los trabajadores sociales por el mero hecho de mantener conversaciones privadas en el trabajo», lo que había levantado preocupaciones en la ciudad sobre el secreto confesional.
Por su parte, el legislador y reverendo Peter Koon planteó la confidencialidad de las confesiones religiosas durante una reunión gubernamental para debatir el proyecto de ley, y consultó si se acusará a las figuras eclesiásticas que no informen de actos o pensamientos que puedan poner en peligro la seguridad nacional.
Cabe destacar que los legisladores han completado en menos de una semana el examen del proyecto de ley en una serie de reuniones posteriores a su publicación en el boletín oficial el pasado viernes.
La versión doméstica de la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020 prohíbe cinco nuevos tipos de delitos: traición, insurrección, incitación al motín y a la desafección, actos con intención sediciosa, sabotaje o bajo injerencia extranjera, y robo de secretos de Estado y espionaje.
El comunicado de la diócesis se emitió un día después de que el Gobierno hongkonés criticara a la ONG Hong Kong Watch por denunciar que la propuesta de ley de seguridad supondrá una «amenaza inminente para la libertad religiosa» en la ciudad.
En esta misiva, firmada por dieciséis expertos internacionales en libertad religiosa y publicada el 13 de marzo, expresaron su «profunda y grave preocupación por las implicaciones de la nueva ley de seguridad, conocida como Artículo 23».
La preocupación de los activistas se centra en la cláusula 12 del proyecto de ley, según la cual «si un ciudadano tiene conocimiento de que otra persona ha cometido, está cometiendo o está a punto de cometer un delito, debe revelar la información a un agente de policía o enfrentarse a una pena de 14 años de prisión».
De acuerdo con los signatarios, «la nueva normativa puede tener graves consecuencias para el secreto de confesión en la Iglesia católica y en otras tradiciones cristianas, por lo que están profundamente alarmados» por la disposición.
En términos generales, el comunicado señala que la nueva ley propuesta -que se introduce además de la Ley de Seguridad Nacional impuesta a Hong Kong por la Asamblea Popular Nacional de Pekín el 1 de julio de 2020- «conlleva implicaciones muy graves para los derechos humanos básicos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y la autonomía de Hong Kong».
Asimismo, hicieron un llamamiento al papa Francisco y a otros líderes religiosos mundiales para que defiendan la libertad religiosa en la excolonia británica y aboguen contra la nueva legislación.
Con información de EFE
