Una ley que prescribe crímenes de lesa humanidad es objeto hoy, en Perú, de críticas que la señalan como una amnistía encubierta para el exgobernante, Alberto Fujimori, y para militares encarcelados por esos delitos.
La legislación forma parte de una ofensiva de la mayoría conservadora del Parlamento, de aprobación a marcha forzada de leyes y reformas constitucionales en ámbitos electoral y otros, cuestionadas por quienes afirman que favorecen a los intereses de ese sector político.
El efecto de la norma, pendiente de una segunda votación ratificatoria en el mismo Congreso, dará lugar no solo a la anulación de la condena de Alberto Fujimori, por lo demás excarcelado por un polémico indulto, si no dará lugar a la libertad de los integrantes del paramilitar Grupo Colina, ejecutor de dos matanzas de civiles inocentes por las que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
Igualmente, los militares juzgados por la violación masiva de campesinas de la localidad andina de Manta y los exministros de Salud investigados por la esterilización forzada o no informada, de cientos de miles de mujeres pobres o indígenas.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que la ley aprobada colisiona con la obligación, asumida por convenciones internacionales constitucionalmente válidas, firmadas por el Estado peruano, de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos.
El analista, Gerardo Távara, señaló que la también llamada ley de la impunidad es inviable, pues el Estado peruano es firmante de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
Mientras, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Lima rechazó la ley, porque “promueve la impunidad de los crímenes atroces” cometidos durante el conflicto interno.
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