La universidad está siendo sometida a destrucción sistemática, ya no solo es la eterna presión presupuestaria e intervención en su funcionamiento financiero, ahora se agrega la política laboral a través de la cual se somete a su comunidad a las peores condiciones, sujeto a un modelo de contratación colectiva unilateral que obliga a que, una proporción significativa de los trabajadores universitarios, administrativos y obreros, sean designados por el sindicato oficialista, es decir por el partido de gobierno. La resultante de esta situación ha sido el abandono, la migración masiva hacia países ansiosos de reclutar académicos de alto nivel remunerados con salarios dignos. La institución se degrada ante la mirada impávida de sus autoridades, que no gobiernan, permanecen abúlicos en sus cargos, e incluso, colaboran con el régimen el cual va avanzando en sus estrategias de apoderamiento institucional.
El régimen ha convertido a profesores e investigadores en “trabajadores académicos”, nos ha incorporado a las nóminas del Ministerio de Educación Universitaria, ejecutado bajo su administración y, sufraga los sueldos con dinero inorgánico. En otras palabras, pasamos a la nómina del régimen, somos funcionarios de un ministerio y, nuestro patrón ya no son las autoridades universitarias, sino los funcionarios del régimen que controlan la educación universitaria.
Hemos visto decisiones universitarias contraproducentes bajo un clima de incertidumbre. Se está ventilando una gran controversia entre gremios y la autoridad única de la universidad sobre el destino de millonarios recursos provenientes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, alimentado por la contribución por años de profesores universitarios. La autoridad universitaria se ha negado a asignar esos recursos para la seguridad social de los profesores con el discurso poco feliz, que dichos recursos fueron colocados en la banca internacional a largo plazo en movimientos financieros que parecen poco claros. Como contraparte, se ofrecen argumentos que han generado poca credibilidad ante un informe sintético presentado por un corredor financiero en un informe escueto, no auditado, expresando que solo queda la mitad de los recursos entregados. Estamos hablando de la merma de cerca de 10 millones de dólares y, los que, supuestamente quedan por un valor equivalente, los cuales son usados y colocados en un ambiente de dudosa rentabilidad. Esa controversia inútil potencia la desconfianza ante la negativa de presentar cuentas, y mina a la autoridad única que proporciona la mejor excusa para que fuerzas internas del régimen pregonen la necesidad de intervenir a las autoridades y perder la universidad.
Añadida a esa amenaza, el régimen avanza en la aprobación de un proyecto de Ley de Educación Universitaria, la cual cambiaría sustancialmente el entorno universitario. El proyecto pretende derogar la Ley de Universidades ajustándolo a los intereses del gobierno socialista; cambia completamente la estructura universitaria condicionándola a objetivos ideológicos, restringiendo la orientación democrática y la autonomía universitaria, violando incluso, normas constitucionales. Esta concepción unilateral ignora las estructuras sociales democráticas basadas en la pluralidad ideológica, libertad, autonomía y cultura plural, orientado la gestión universitaria solo hacia el proceso comunista, objetivo final del Estado socialista.
El proyecto de ley vincula intencionalmente la gestión universitaria con las comunas como estrategia organizacional, haciendo penetrar deliberadamente a activistas comunales en las universidades con los propósitos de contribuir a instalar oficialmente el socialismo bajo el argumento de perfeccionar el sistema democrático a través de la participación protagónica de la sociedad comunal, justificándolo con la construcción de una sociedad igualitaria, no con fines de desarrollo, sino de control político, modelando formas de conducta mediante la cual se crean programas para combatir a la sociedad capitalista señalada como responsable de todos los males sociales inducidas por el régimen.
El proyecto de ley presenta la conceptualización de la autonomía universitaria dentro del marco de la Constitución, pero con argumentos que la desvirtúan totalmente, incluso, violándola claramente. Hace la declaratoria que la educación universitaria es de carácter público, pero la encierra en los conceptos de la gestión participativa y protagónica, incorporando a un sector social que directamente los apodera para crear y administrar los procesos académicos de la universidad en los cuales no tiene ninguna competencia.
Pretende centralizar el proceso de incorporación de estudiantes al sistema universitario otorgándoles la opción de ingresar a cualquier institución universitaria, despreciando méritos, desempeño estudiantil o vocación, apelando sin definición al llamado Estado docente. Este controvertido concepto se usa como expresión rectora de la universidad, es decir, obedecer e implementar los objetivos del Estado socialista, asignando al Ministerio de Educación Universitaria la operación del sistema ejecutivamente. Abusan del concepto de interculturalidad para vincularlo y privilegiar su direccionalidad hacia la defensa de los movimientos a favor de la lucha de clases y movimientos supuestamente reivindicativos de los derechos sociales.
Introduce el concepto de territorializar la educación para impulsar en las instituciones universitarias un movimiento ideológico socialista regional para el control social bajo la excusa del desarrollo. En realidad, obliga a las instituciones a orientar su gestión hacia los programas y proyectos de las organizaciones comunales. Con tal propósito crean un nuevo tipo de universidad; la universidad de gestión popular dirigidas por organizaciones llamadas del poder popular, es decir, comunas y cooperativas, cogestionadas por funcionarios del Estado y militantes del partido de gobierno, cuyo objetivo es consolidar las estrategias económicas, políticas y sociales de la región de su competencia.
En el caso de instituciones universitarias privadas, las define como aquellas creadas por fundaciones. Se abre un frente delicado, pues las universidades privadas en general son creadas por asociaciones civiles cuyos objetivos y fuentes de financiamiento son diferentes a la de una fundación.
El proyecto sugiere cambios de nombres de las universidades señalando que su denominación estará sujeta a su naturaleza, vocación y objetivos, en otras palabras, limitará la acción de cada una de ellas obviando la universalidad.
Dice dejar libertad académica, pero introduce nuevamente el término de democracia participativa y protagónica, señalando con mucho énfasis la igualdad social y de competencias en la comunidad universitaria de los sectores integrados por estudiantes, trabajadores, obreros y egresados.
La estructura organizativa de la universidad pretende ser cambiada. El Consejo Nacional de Universidades desaparece y es sustituido por un Consejo de Transformación Universitaria, un exabrupto, constituido por un cuerpo colegiado destinado a preservar los propósitos del Estado, garantizando los mecanismos de participación del poder popular y transformar en cualquier momento a las universidades mediante los mecanismos de participación de las comunidades para el desarrollo de programas preconcebidos a los fines políticos. Dentro de sus variadas competencias, no solo aprueba o no los programas de transformación institucionales sino los proyectos internos a conveniencia de las estrategias del gobierno. Más allá de esta competencia, un tema de larga discusión es la atribución de imponer planes de estudio, competencia intrínseca de la universidad, determinando gran inflexibilidad curricular, y pérdida de autonomía.
Este CNTU se convierte en una gran asamblea, en efecto, no solo la integran el ministro, viceministros, representantes del Ejecutivo, coordinadores territoriales, sino que participan los rectores de las universidades oficiales, todos los directivos de institutos universitarios que son virtualmente numerosos. Restringe a tres los rectores de universidades privadas e incorporan a voceros estudiantiles ya no solo de las universidades oficiales sino de las populares, uno de las privadas, voceros de los trabajadores académicos universitarios, trabajadores administrativos, obreros y de las organizaciones populares.
Con relación al tema de la democracia participativa se materializa con la larga impostura de la igualdad y participación de todo individuo que por una razón u otra esté en la comunidad universitaria, formalmente o no. Es clara, la direccionalidad de incorporar a la gestión académica a las comunas dentro de la estructura de gestión. En la misma forma, impulsa la participación en la gestión a todos los estudiantes, no importa su condición, nivel o programa; a todos los trabajadores administrativos y obreros bajo la modalidad de un “voto por cada votante” cuando se hagan elecciones de autoridades de cualquier nivel, es decir, una intromisión, aparentemente democrática, pero distorsionadora de la meritocracia universitaria con los peligros gerenciales que ello implica. Como consecuencia de un voto para cada votante, el reglamento electoral es dictado por el Ejecutivo nacional, y regirá todos los procesos electorales
La Asamblea Universitaria prevista en el proyecto de ley sustituye al Claustro Universitario, la cual tendrá una asociación funcional como órgano legislativo, encargado de ejercer funciones normativas; está integrado de igual manera por todos los sectores, todos con derecho a votar en las elecciones universitarias regimentadas por el gobierno. La Asamblea tendrá un “órgano ejecutivo” colegiado, responsable de la dirección, planificación y gestión integrado por el rector, dos vicerrectores, desaparece la figura del secretario, y además participan voceros estudiantiles, trabajadores académicos y administrativos, obreros, egresados y representantes del gobierno. Es un cuerpo amorfo de dirección, con las manos sujetas por reglamentos e integración de sus unidades organizativas, manejadas por una Asamblea Legislativa, en otras palabras, las autoridades universitarias serán simbólicas.
Considerando que la universidad es una institución comprometida socialmente, que ha dado grandes oportunidades a la juventud y contribuido de manera significativa al desarrollo del país, no puede ser entregada en manos de depredadores. Quedan universitarios que luchan por la defensa de la universidad sin pruritos y honestidad, no aceptan hechos irregulares ni comportamientos estéticos para disimular su incapacidad y complicidad con régimen,
Es hora que a este peligro basado en una Ley de Educación Universitaria que quiere imponer el socialismo corrupto, nos aparte de un manotón, y entregue la gestión universitaria en manos de politiqueros, aprovechadores e incompetentes que desvirtúen los objetivos democráticos de la universidad. Necesitamos que la sociedad civil asuma a la universidad como problema propio y deje de ser espectador de la muerte lenta de una organización que contribuyó por siglos y decisivamente con la libertad y la democracia venezolana.
Juntos debemos oponernos a todas las triquiñuelas del proceso y sus ansias de apoderamiento, hay que defender la universidad con todas las fuerzas posibles y sacudir las pretensiones oficiales, No a esa ley de educación universitaria. No a la intervención. Elijamos a nuestras autoridades preservando la autonomía, es deber ucevista, no es declarativo, es una necesidad de ser universitario. Todos contra la intervención de la universidad venezolana.
