La Unión Europea (UE) reiteró este miércoles su defensa de un «diálogo constructivo» con Nicaragua, después que el país centroamericano canceló en la víspera su aprobación al embajador designado por el bloque, el diplomático Fernando Ponz.
La Comisión Europea (brazo ejecutivo de la UE) «toma nota de la decisión del gobierno de Nicaragua de suspender el beneplácito para el embajador designado de la UE», expresó en una breve declaración un portavoz de la institución, Peter Stano.
El vocero añadió que la UE «sigue convencida que relaciones diplomáticas plenas y un diálogo constructivo deben ser la norma en las relaciones bilaterales».
En un contacto con la prensa, Stano señaló que la suspensión del plácet a Ponz era «temporaria».
«Esta suspensión es temporaria. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas. Sólo puedo recordar que en la UE seguimos listos para trabajar por soluciones y apoyar cualquier esfuerzo que conduzca a encontrar una solución a la prolongada crisis política en Nicaragua», expresó.
El martes, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, anunció que el gobierno decidió «suspender el plácet que había concedido al señor Fernando Ponz, como embajador de esa potencia avasalladora».
De acuerdo con Moncada, la decisión fue adoptada a raíz de una escueta nota publicada por la UE esta semana y que recordaba el quinto aniversario de las protestas contra el gobierno encabezado por Daniel Ortega.
En su nota, Moncada calificó ese comunicado como «injerencista, atrevido e insolente».
El 28 de septiembre pasado el gobierno de Ortega declaró persona non grata a la representante de la Unión Europea en Managua, Bettina Muscheidt. En respuesta, el Consejo de la UE declaró persona non grata a la representante de Nicaragua ante el bloque, Zoila Muller Goff.
Poco más tarde, en octubre, el Consejo de la UE renovó por un año, hasta el 15 de octubre de 2023, las sanciones contra 21 ciudadanos y tres entidades de Nicaragua «en vista de la situación» política en el país.
El paquete original de sanciones de la UE contra Nicaragua había sido adoptado en 2019 e incluía a seis personas, aunque la lista de sancionados fue gradualmente aumentando, incluyendo a hijos de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
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