La oposición de Venezuela aseguró este lunes que la Fiscalía está «pretendiendo eludir la competencia» de la Corte Penal Internacional (CPI) al ordenar ampliar las investigaciones de los homicidios del concejal Fernando Albán, el manifestante Juan Pablo Pernalete y el militar Rafael Acosta Arévalo, tres casos emblemáticos en el país.

Por: El Espectador de Caracas con información de Noticiero Digital

En una rueda de prensa del sector opositor que encabeza Juan Guaidó, la diputada (2015) Delsa Solórzano dijo, en respuesta a una declaración del fiscal general, Tarek William Saab, del pasado sábado, que la Justicia venezolana, a la que considera cercana al presidente Nicolás Maduro, solo buscar eludir a la CPI.

«¿Por qué hemos visto que el señor que representa al régimen, el abogado del régimen, Tarek William Saab emitir las declaraciones (sobre Albán, Pernalete y Acosta Arévalo)? Por una sola razón, no es porque se arrepintieron, no es porque quieren que se haga justicia, están pretendiendo eludir la competencia de la CPI», dijo.

Tres casos emblemáticos

Este sábado, Saab sumó los delitos de «homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga» al de «quebrantamiento de normas de custodia» a los dos funcionarios implicados en la muerte del concejal Albán, quien falleció en prisión en 2018, al caer de un décimo piso.

El fiscal explicó que su despacho solicitó a un tribunal la nulidad de la primera acusación -delito de quebrantamiento de normas de custodia- por «observar violaciones de garantías constitucionales» y que dicha anulación fue acordada, aunque se reactivó en una posterior solicitud del Ministerio Público.

«La causa se retrotrajo hasta la fase de investigación» y, posteriormente, la Fiscalía «solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios implicados en estos hechos (…) por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido», dijo.

El caso del concejal Albán ha sido polémico en Venezuela, porque el Gobierno afirmó que el opositor «se suicidó», una versión que también fue ofrecida en primera instancia por la Fiscalía.

Acerca del caso de Pernalete, quien murió en las protestas de abril de 2017, Saab confirmó que falleció producto de un impacto de bomba lacrimógena y que por ello hay 12 funcionarios imputados.

El fiscal había puesto en duda la causa de la muerte de Pernalete, que fue investigada por su antecesora, Luisa Ortega Díaz.

Sobre el capitán Acosta Arévalo, recordó que «hubo una decisión» del Supremo en octubre de 2020 «que ordenó una nueva investigación sobre circunstancias de su muerte».

Al respecto, reiteró que en octubre pasado hubo una nueva audiencia en que se imputó a dos funcionarios por «homicidio intencional calificado y tortura».

La muerte de Acosta Arévalo despertó la indignación en Venezuela porque, según su defensa y portavoces de la oposición, el militar fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando fue presentado ante un tribunal, no podía mantenerse en pie o hablar.

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