Jueves 9 de diciembre de 2021

Es esa la que impera en Venezuela y ello se acaba de evidenciar con lo que ha ocurrido en el estado Barinas.

Gonzalo Oliveros Navarro / @barraplural

Se cierra el registro electoral, se celebran las elecciones, se impide al Consejo Nacional Electoral proclamar a quien ganó por una inhabilitación sino sobrevenida cuando menos desconocida, se impide a quien habría de sustituirle se postule, convoca elecciones quien no está facultado por ley para hacerlo y además lo hace vulnerando los plazos que esta establece finalmente se reabre el registro para incorporar dos electores a sabiendas que la ley lo impide. Toda una gama de violaciones normativas a la vista de todos.

Lo ocurrido no es nuevo. Es esa la Venezuela de estos veintidós largos años que algunos estamos empeñados en cambiar. Si algo da certeza al ciudadano es la ley. Ella limita la actuación del poder y la de cada uno de nosotros. Quizás lo habitual es que sea el ciudadano quien por desconocimiento o adrede la incumpla pero cuando ello proviene de los órganos del Estado la primera circunstancia no puede aducirse como justificación, si es que alguna hay.

Si alguna característica ha tenido este proceso que se desarrolla en Venezuela ha sido el incumplimiento normativo por parte de los distintos órganos del Estado. Lo observamos desde el primer momento, como cuando la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia decidió el año 1999 que era posible una Asamblea Constituyente o como cuando ella misma meses después –una vez elegidos e instalados los constituyentes- les atribuyó la condición de supraconstitucionales.

Ocurrió con ocasión de la enmienda constitucional que no podía plantearse en el mismo período porque su contenido había formado parte de la reforma que le rechazamos al señor Chávez o cuando permitieron implementar via legislativa la normativa que estaba contenida en esta.

Pasó cuando se permitió que los distintos poderes públicos que dependen de designación del Ejecutivo o del Legislativo, lo integren personas que por razones personales o políticas no podían ejercer la función para la cual fueron propuestos o cuando se eliminó la independencia del Banco Central de Venezuela. Sucedió igualmente cuando se limitó la participación de los ciudadanos en la constituyente del 2017 o cuando el poder central le arrebató las competencias a estados y municipios, o les designó protectores para que en esas instancias tomaren decisiones que correspondían a funcionarios elegidos por la ciudanía.

Todo lo que ha pasado en nuestro país es consecuencia de que no ha habido control jurisdiccional eficiente y efectivo por parte de quienes estaban obligados a hacerlo, porque privilegiaron en sus decisiones, sus respectivas posiciones políticas, desconociendo que ellos, pudiendo tenerlas, eran árbitros de conflictos y diferencias y no partes del mismo.

Los venezolanos solo tenemos una via para resolver esa situación en la cual todos hemos perdido, la negociación. Quienes ejercen el gobierno lo podrán seguir haciendo por el tiempo que sea en las mismas condiciones que lo han hecho hasta la fecha, pero es lo cierto que -bajo esas condiciones- no habrá progreso y seguramente si mas sanciones para ellos y quizás sus familias.

La reinstitucionalización de los poderes públicos venezolanos es una necesidad imperiosa, comenzando por el Poder Judicial. Si este es confiable para todos, la ley será el límite del accionar general pues está allí para cumplirla y hacerla cumplir.