El 30 de junio 2021, el profesor Javier Tarazona, director general de la ONG FundaRedes, acudió ante la Fiscalía General de la República para solicitar que se investigue “la relación de altos funcionarios que han ejercido el poder en Venezuela, tanto militares como civiles”, con altos mandos de la guerrilla. Su denuncia causó la ira del alto gobierno en Venezuela, donde hay gran cantidad de líderes de la revolución bolivariana con trato personal, económico y sentimental con los grupos irregulares. Un día después, Tarazona junto a dos activistas de la ONG fueron detenidos por el servicio de inteligencia (SEBIN), ayer fueron presentados a un Tribunal de Terrorismo que los imputó por “instigación al odio, terrorismo y traición a la patria” y los envió a la antigua cárcel La Planta.

Por: El Espectador de Caracas con información de Sebastiana Barráez | Infobae

Los cuerpos de Inteligencia fueron sustentando un expediente contra el coordinador de Fundaredes desde hace meses. Lo seguían, lo grababan, monitoreaban a los miembros de la organización y a los familiares de Tarazona; no encontraban nada, porque él actuaba públicamente, incluso fue a la Fiscalía de San Cristóbal hace unos días para averiguar sobre las denuncias hechas y que ahí fingían procesar, diariamente asistía a la oficina de Fundaredes y con frecuencia iba a tomar café a varias panaderías. La denuncia contra uno de los hombres más poderosos en la sombra del chavismo hizo estallar la furia y ordenaron detenerlo, lo que hicieron junto a su hermano y dos activistas.

Mientras miles de personas en Venezuela y en el exterior manifestaban incertidumbre y exigían saber el destino de los detenidos, los funcionarios del Gobierno, incluyendo la Fiscalía, hizo silencio. Horas después, una página web que el régimen venezolano usa para posicionar matrices de opinión en el chavismo, y a quien le dio en el 2016 el Premio Nacional de Periodismo, publicó que “la aprehensión del propagandista de la derecha uribista colombiana, Javier Tarazona, que actúa en Venezuela a través de entidad paraestatal Fundaredes, fue consecuencia de una investigación penal de la fiscalía 94°, con competencia nacional, por el delito de instigación al odio”.

La publicación agrega “Tarazona, quien reside en Táchira, había permanecido los últimos meses en el Norte de Santander. Pero el miércoles, tras el anuncio de la visita a Bogotá del director de la CIA, William Burns, retornó a territorio venezolano, lo que alertó a los servicios de inteligencia local”.

Esa versión retorcida del medio LaTabla busca, como lo hace con todo a quien el régimen considera enemigos, relacionar al defensor de derechos humanos con pagos de agencias de inteligencia norteamericana, con el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez y otros funcionarios. Miente el medio porque es notorio, público y comunicacional que Tarazona sostuvo reuniones casi a diario en San Cristóbal, capital del Táchira, con diversas organizaciones. “Él dejó de ir a Colombia porque desde hace tiempo solo se puede pasar la frontera a través de las trochas, que están controladas por el ELN, imagínate el peligro que eso significa. Es falso, él estuvo todo el tiempo aquí”, le dice a Infobae un miembro de FundaRedes Táchira.

Un activista auténtico

José Javier Tarazona Sánchez es un destacado profesor de universidades en Venezuela, Chile y Colombia, con posgrados y doctorado. Dentro de 17 días, el 21 de julio, cumplirá 39 años seguramente tras las rejas de la cárcel La Planta, a dónde fue enviado por el Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo, a cargo de la juez Luisa René Garrido Traspalacios. Tarazona, quien vive con su mamá, no está casado actualmente, aunque lo estuvo en el pasado con Edixa Rico, madre del hijo adolescente de Tarazona.

Ella destacó que Tarazona padece problemas de hipertensión, cardiacos y gastrointestinales, y solicitó que le dejen pasar sus medicinas. “Lo que hace Javier no es un delito. Lo único que ha hecho es defender los derechos humanos, trabajar en pro de un país y de todo el estado Táchira”, manifestó Rico.

¿Por qué esa denuncia se convirtió principalmente en sensible? Porque fue una denuncia directa contra uno de los hombres más poderosos que ha tenido la revolución bolivariana, el silencioso capitán de navío Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior y exgobernador del estado Guárico.

En la fotografía aparecen sentados alrededor de una mesa, que preside Rodríguez Chacín y junto a él su esposa Carola, los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN): Nicolás Rodríguez Bautista alias Gabino, quien hasta hace unos días fue el máximo jefe e integrante del Comando Central del ELN (COCE-ELN); Eliécer Herlinto Chamorro Acosta alias Antonio García, quien ahora es el máximo jefe de la organización guerrillera; e Israel Ramírez Pineda alias Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN.

La detención de Javier Tarazona, de su hermano Rafael Tarazona y del jefe de Fundaredes en el estado Falcón, abogado Omar De Dios García, es una respuesta feroz contra la organización por develar una prueba determinante no solo de la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, pero además se convierte en un acto ejemplarizante contra quienes se atrevan a señalar la presencia de los grupos guerrilleros en territorio venezolano, lo que no solo es una realidad sino que cada día representa el peligro de la fragmentación del territorio venezolano a manos de irregulares, el acceso al poderoso armamento militar y una amenaza para el continente.

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