La fiscalía de El Salvador acusó este lunes al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) por su presunta vinculación en el crimen de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres cometido por el ejército durante la guerra civil (1989-1992).
«Este día, se ha presentado el dictamen de acusación en contra de los imputados en el asesinato de los jesuitas. Consta en las investigaciones que el expresidente Alfredo Cristiani estuvo presente en la reunión donde se coordinó el crimen y autorizó su ejecución», consignó la fiscalía en Twitter.
Cristiani fue acusado también el pasado jueves por la fiscalía de encabezar una operación «de extinción de dominio» de sus propiedades, tras ser señalado de presuntos actos de corrupción.
Según el fiscal Rodolfo Delgado, el expresidente «huyó» del país.
Uno de los fiscales vinculados al caso del crimen de los jesuitas declaró a la prensa que al exmandatario y otras siete personas se les imputan los delitos de «homicidio, actos de terrorismo y conspiración para cometer actos de terrorismo».
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl cometieron el múltiple crimen en el campus de la UCA.
Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina, entonces menor de edad.
La investigación, según la fiscalía, determinó que días antes de la masacre, Cristiani sostuvo «varias llamadas telefónicas» con Ellacuría.
«En una de las llamadas, Cristiani le asegura que no debe preocuparse por el registro que se ejecutaba en la UCA (días previos a la masacre) y le pide que permanezca tranquilo y en el lugar. Son más de 20 testigos los que confirman estos hechos», detalló la fiscalía.
En septiembre de 1991, un tribunal juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios.
En ese juicio, solo el coronel Guillermo Alfredo Benavides fue declarado culpable de todos los asesinatos, y el teniente Yusshy René Mendoza fue responsabilizado de la muerte de Celina.
Ambos oficiales recobraron su libertad con una ley de amnistía de 1993, pero Benavides fue encarcelado nuevamente para completar su sentencia de 30 años, tras declararse prescrita la amnistía en 2016.
El 16 de enero de 1992, con la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional finalizó la guerra civil que dejó más de 75.000 muertos, 7.000 desaparecidos y pérdidas millonarias a la economía.
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