Los violentos ataques recientes a Juan Guaidó y sus acompañantes en Maracaibo y San Carlos (en esta última ciudad participó Nosliw Rodríguez, diputada por el PSUV a la Asamblea Nacional electa en 2020), evidencian que el régimen mantiene intacto el espíritu sectario de la esquina caliente, instalada en la plaza Bolívar de Caracas por Hugo Chávez cuando asumió el poder en 1999.
Ha transcurrido casi un cuarto de siglo desde aquella época. Se «refundó» la República con la Constituyente y la Constitución de 1999. El gobierno tomó el control de todas las instituciones del Estado. Impuso una férrea hegemonía comunicacional. Asfixió a la mayoría de las organizaciones autónomas de la sociedad civil. Pero nada de esto le basta para demostrar su dominio casi absoluto sobre la población y el desprecio por la democracia. Necesita exhibir cada vez que tiene la oportunidad el comportamiento belicoso de los antiguos círculos bolivarianos, símbolo de la práctica política entendida como exterminio del rival.
Distintos gobiernos y organismos internacionales han expresado su preocupación y repudio por la intolerancia con la que actuaron contra Guaidó y su gente los sectores afines al régimen. Sin embargo, ni el gobierno nacional, ni el fiscal general o el defensor del pueblo han declarado en contra de las agresiones de las que fueron objeto él y su grupo. El que sí lo hizo fue Diosdado Cabello, quien dijo: “Yo asumo la responsabilidad. Estados Unidos no tiene nada que exigirnos a nosotros. Los generadores de violencia son las células terroristas de Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo”. Como siempre, invirtió las cargas de la prueba.
Lo ocurrido en Zulia y Cojedes apenas representa un anticipo del tenor que podría alcanzar la campaña presidencial en 2024. Aún la oposición no ha realizado las primarias. Todavía no ha seleccionado el candidato unitario que la representará. No hay en curso una campaña entre el representante del oficialismo y el de la oposición. El gobierno no confronta ningún peligro de una derrota electoral inminente que lo obligue a dejar Miraflores. No obstante, actúa con un nivel de agresividad e intransigencia desmesurado. Podemos suponer, entonces, cómo será de pendenciero su comportamiento cuando corra el riesgo de perder finalmente el poder.
Estos antecedentes –a los cuales hay que sumar los presos políticos, las inhabilitaciones, la intervención de los partidos políticos y su judicialización- hay que tomarlos en consideración cuando se retomen las negociaciones en México, o en cualquier otro lugar. Un aspecto central de esa agenda deberá referirse a la necesidad de garantizar unas elecciones transparentes, equilibradas y supervisadas por la comunidad internacional. En un ambiente de hostigamiento e intimidación resulta imposible adelantar unos comicios equilibrados.
El gobierno cuenta con todos los mecanismos para amedrentar a los sectores que lo adversan: el aparato judicial, los cuerpos represivos del Estado y los colectivos, muchos de los cuales actúan como grupos paramilitares. En esas hipotéticas negociaciones habría que lograr acuerdos que preserven la tranquilidad requerida para que la campaña electoral transcurra sin mayores sobresaltos. Nadie puede pretender que reine la paz absoluta. En los procesos en los cuales se dirime el poder siempre surgen conflictos y tensiones. Pero estos hay que mantenerlos dentro de márgenes manejables, evitando que se desborden. El candidato (o candidatos) opositor necesitará viajar por la provincia, organizar marchas y mítines. Movilizar a sus simpatizantes. Si el régimen fomenta actos de violencia que quedan impunes, la campaña se desequilibrará demasiado a favor de Maduro, o del aspirante que elija el PSUV.
Ya el oficialismo ha demostrado que utiliza hasta la obscenidad los recursos públicos en las campañas electorales. Durante esos períodos desaparecen completamente las tenues líneas que separan el Estado y el gobierno del PSUV. En las negociaciones que podrían llevarse a cabo habría que introducir también este factor. Soy consciente de las dificultades de ponerle coto al gobierno, pues dispone de numerosos vericuetos legales para desplazarse dentro de ellos y burlar cualquier acuerdo que se firme. Preservar la tranquilidad en la campaña electoral es diferente. Los actos de violencia quedan registrados en miles de fotografías, videos y testimonios, que no pueden ocultarse, y que son inmediatamente conocidos por los venezolanos y el resto del mundo.
Para la cita electoral de 2024 hay que conjurar el espíritu de la esquina caliente y de los círculos bolivarianos. La labor debe comenzar ya.
