El miércoles 3 de noviembre, los venezolanos fuimos sorprendidos con una buena noticia. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kham, de visita oficial en Venezuela, anunciaba el inicio de la fase de investigación de las denuncias de violación de derechos humanos en el país, un memorándum que tuvo que firmar el propio Nicolás Maduro, en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores.
Lo ocurrido aquella tarde del miércoles es, sin lugar a dudas, un hito en la historia contemporánea de Venezuela y del continente latinoamericano, una bocanada fresca de esperanza para los familiares de las víctimas de violación de derechos humanos, un reconocimiento al esfuerzo desplegado por los familiares de las víctimas, las organizaciones no gubernamentales, periodistas, académicos, investigadores y políticos que han expuesto su propia seguridad personal para registrar, sistematizar y denunciar la violencia del régimen que gobierna a Venezuela.
Tenemos razones para celebrar, pese al dolor que nos ha dejado la violencia política de los últimos años.
Los cuatro puntos del memorándum firmado en Miraflores, a la sombra de la bandera venezolana y de la Corte Penal Internacional, dejan claro, por más que se esfuerce el régimen por versionar lo ocurrido, que en el país no se cumplen los estándares internacionales para la administración de justicia, que es necesario la participación y supervisión de la Corte de La Haya para garantizar que el sistema judicial venezolano, intervenido por el régimen y sumiso ante Miraflores, cumpla con sus obligaciones de manera adecuada y significativa.
La presencia de la CPI en territorio venezolano tendrá un efecto importante que será necesario calibrar en los próximos meses, pero podemos calcular desde ahora, que será un espacio más seguro para que las víctimas denuncien lo ocurrido, será el momento para presentar las investigaciones sobre estos casos, será el escenario para demostrar al mundo lo que venimos advirtiendo desde hace muchos años: la ausencia de independencia en los poderes públicos en el país y el secuestro de las libertades políticas de los venezolanos.
No se trata, como han pretendido hacer creer algunos voceros oficialistas, de una presencia anodina y delimitada a un rol de testigo a las acciones del Ministerio Público; no ha sido, como han dicho desde la señal de VTV, un proceso judicial internacional auspiciado por el “ruido mediático” en contra de la revolución. El principio de “complementariedad” presente en el Estatuto de Roma, aspira a que la justicia de cada país investigue y actúe en contra de los responsables de violar los derechos humanos, pero prevé su intervención activa cuando es evidente que el sistema judicial del país investigado no cuenta con la independencia necesaria para alcanzar la justicia, lo que ha ocurrido, sin lugar a dudas, en el caso venezolano y que ha sido rubricado en el propio Palacio de Miraflores. No se trata de un proceso que ofrecerá resultados en un plazo corto, por lo que se amerita paciencia y esfuerzo.
Como ha quedado en evidencia, con el pase a la fase de investigación del caso venezolano en la Corte Penal Internacional, el único “ruido” verdaderamente importante para el organismo multilateral de justicia, no es el que se genera en los medios y redes sociales, sino el llanto de los familiares de la violencia de Estado y la persecución política. Desconocer esta realidad es otro ejercicio de mezquindad del régimen.
Nosotros, desde Caracas Mi Convive, seguiremos trabajando, con el apoyo de los líderes de los sectores populares y en red con organizaciones de derechos humanos, ONG, especialistas y académicos, para sistematizar y denunciar todos los casos que hemos conocido y trabajado en los últimos años. Nuestra experiencia, lograda con el apoyo de las comunidades y de profesionales con una amplia trayectoria, será un aporte más para que el esfuerzo de la Corte Penal Internacional llegue a buen puerto y se pueda hacer justicia en el país.
