La comunidad científica ha sugerido algunas medidas urgentes para hacer frente a la crisis climática, a saber, la transición energética, reemplazando los combustibles fósiles por energías renovables limpias, limitando la extracción de recursos de las reservas de carbón, petróleo y gas natural, y financiar fuentes de energía renovables; frenar los gases de efecto invernadero contaminantes como el carbono, el metano y los hidrofluorocarbonos; promover la protección de la naturaleza en todos los ámbitos a través de un mayor compromiso con recursos naturales, restaurando y protegiendo ecosistemas como bosques, praderas y humedales. “La conservación de estos espacios naturales, además de su valor intrínseco para el mantenimiento de la biodiversidad, contribuiría a la retención de dióxido de carbono atmosférico, un gas clave en el efecto invernadero” (Escobar, 2019); promover un cambio en los patrones de alimentación, limitando el consumo de animales, y evitando el desperdicio de alimentos, ya que, según las últimas estimaciones, hasta un tercio de todos los alimentos producidos terminan en la basura. De igual forma, fomentar la reforma del sistema económico para mantener la sostenibilidad de la biosfera a largo plazo e ir hacia un modelo de decrecimiento.
En este orden de ideas, el financiamiento climático representa una de las prioridades para todo el mundo, y especialmente para América Latina y el Caribe. Para avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, es necesario un cambio en los flujos de inversión.
En este sentido la actividad sin límite de empresas y economías altamente desarrolladas, si bien han generado altos niveles de ingresos, han desencadenado externalidades negativas como el cambio climático al superar los límites “admisibles” de contaminación vía emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Frente a esa dualidad, y respondiendo a la lógica de asumir los costos de esta realidad se han fijado instrumentos internacionales que vinculan a las partes firmantes de tratados como el Protocolo de Kioto, que surge desde la teoría económica y la teoría del derecho de daños y compensación por el perjuicio causado, bajo las modalidad de pagar por contaminar, ya sea asumiendo las consecuencias de sanciones pecuniarias o bien los impuestos a la actividad contaminante como incentivos para restringir la misma.
El Protocolo de Kioto que entró en vigencia en 2005 con la participación de 141 países y con la posibilidad que otros se incorporen a lo largo del proceso, promovió el desarrollo sostenible de los países en vías de desarrollo mediante una serie de mecanismos que favorecen la inversión, la transferencia de tecnología y un mejor aprovechamiento de los recursos, como lo son los Mecanismos de Desarrollo Limpio, (MDL), el mercado mundial de carbono como son los “bonos de Carbono”, “Unidades de Reducción de Emisiones” (URE), “Mecanismo de Implementación Conjunta” (MIC) y las “Reducciones Certificadas de Emisiones” (RCE)
Se apunta hoy hacia el fortalecimiento de las “finanzas de clima” que podemos definir como “ la necesidad de dotar de recursos financieros a la lucha contra el cambio climático, tanto en su vertiente de mitigación como de adaptación” (Larrea, I; Galarraga, I. Solaun, K, 2018, p-249) desde la COP16, hasta la adopción de compromisos más estructura en los Acuerdos de París en el marco de la COP21.
Resulta de particular importancia el estudio y comparación de los flujos financieros de “acepción limitada” alcanzados por bancos multilaterales, gobiernos, agencias especializadas y flujos privados con el objetivo de aportar 100.000 millones de dólares a países en desarrollo para el año 2020. Estos instrumentos se utilizan en un 70% a las actividades de mitigación;
En la COP28 que se celebra actualmente en Dubái se hará el primer balance de la aplicación del Acuerdo de París, que mostrará que los planes climáticos de los países siguen siendo insuficientes. Lamentablemente, pese al compromiso de los 1,5ºC respecto a niveles preindustriales pactados en París 2015, los planes actuales llevan a un incremento de la temperatura de entre 2,1 y 2,8 grados porque los recortes de los gases de efecto invernadero son insuficientes.
Según los datos oficiales de la ONU, en 2021 China fue el principal emisor de gases de efecto invernadero, con el 30% del total mundial. Le siguen a gran distancia EE UU (11%), India (7%), la UE (7%) y Rusia (5%).
El Sur Global debe unirse más allá de cuestionamientos políticos e ideológicos en la lucha contra el cambio climático. El sistema internacional debe ser consciente y reflejar en los mecanismos que se activen y fortalezcan a partir de ahora, no sólo el hecho que este representa un desafío común sino las asimetrías históricas de responsabilidades.
Lorenzo Eguren, consultor de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) explica “Brasil es de lejos el país más importante potencial exportador de créditos de carbono de la región con el 20% del total de créditos de carbono. Luego le siguen a distancia, Colombia, Panamá́ Costa Rica y Perú́ con similares montos de exportación entre ellos.” (Eguren, 2004, p.61)
Debemos apuntar hacia un uso más efectivo y catalítico del financiamiento climático a nivel regional y nacional, a partir de la absorción de finanzas, integradas a las prioridades generales de desarrollo para generar transformaciones a la escala requerida y lidiar con el cambio climático.
Dylanjpereira01@gmail.com
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