La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori calificó este miércoles de «precaria» e «injusta» la medida anunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), de pedir al Estado peruano que no cumpla con liberar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Por: El Espectador de Caracas / EFE

A través de un audio compartido en sus redes sociales, la lideresa opositora comentó que una corte internacional «reconocida desde siempre por su sesgo ideológico» pretende impedir, a través de un documento, la excarcelación de su padre.

«Mi familia siente un gran dolor al confirmar que, cuando se trata de mi padre, no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida», expresó.

La exlegisladora añadió que ahora está en manos del Gobierno de Pedro Castillo «allanarse o no a una medida tan precaria como injusta».

Opinó que si existiera «un mínimo de equilibrio» en su evaluación, el Ejecutivo «no debería desacatar el fallo del Tribunal Constitucional», que restituyó el indulto otorgado a Fujimori en 2017 y por el cual se esperaba su liberación.

No obstante, Keiko Fujimori advirtió que en el caso de que el Ejecutivo ceda ante «una maniobra tan perversa e inhumana», su familia hace responsable «a este Gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y en la salud de Alberto Fujimori».

La decisión de la CorteIDH de pedir al Estado peruano abstenerse de liberar a Fujimori atrasará su excarcelación al menos hasta el 6 de abril, cuando este tribunal sesionará, opinó este miércoles el abogado del exmandatario, César Nakazaki.

El letrado declaró a Canal N que la orden de la CorteIDH es una medida de urgencia que adopta su presidente, pero que no considera a todos sus magistrados, los que se reunirán el próximo 6 de abril en su sesión de audiencias.

«Tiene que ser notificada y la Corte Suprema (de Perú) es la llamada a decidir si acatará o no», afirmó el letrado.

Sin embargo, Nakazaki estimó que con esta medida Fujimori no podrá salir hasta el 6 de abril, fecha en que se realizará la sesión de audiencias de la CorteIDH en la que se conocerá su decisión completa.

La Corte Interamericana requirió al Estado peruano abstenerse de liberar a Fujimori con el fin de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de dos casos de violaciones a los derechos humanos, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales fue condenado a 25 años de cárcel en el 2009.

Los familiares de las 25 víctimas de estos casos solicitaron medidas provisionales a la CorteIDH cuando el Tribunal Constitucional de Perú admitió un habeas corpus que restituyó el indulto humanitario otorgado a Fujimori en 2017.