Para nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el Laudo Arbitral es un caso cerrado, porque el Acuerdo de Ginebra de 1966 obliga a una negociación entre las partes y evita judicializar el diferendo. Para la República Cooperativa de Guyana, el problema más importante es el de legitimar su soberanía sobre los 150 mil kilómetros cuadrados del Territorio Esequibo que Venezuela reclama. Es importante considerar la nueva actitud de Caracas, al recurrir como lo hizo el pasado 13 de junio al procedimiento de las Excepciones Preliminares “Prliminare Objections- Exeptions Preliminaires”, lo cual presenta una oportuna injerencia en el proceso de la demanda de Guyana y de la declaración de la competencia de la CIJ.
El Acuerdo de Ginebra obliga a encontrar una solución práctica y ventajosa para los dos Estados. Georgetown de manera unilateral dejando de lado este compromiso diplomático, recurrió a la Corte internacional de Justicia de La Haya con una falaz argumentación y con el propósito de la validación del Laudo Arbitral de París que arrebató a Venezuela esta parte de su territorio histórico.
Venezuela nunca ha reconocido la competencia y jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y en este caso, tanto Guyana como el Secretario General de la ONU y los propios magistrados de la CIJ estaban conscientes de esta realidad. Sin embargo, con una interpretación ajena al derecho y en contra de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, este alto Tribunal Internacional decidió, el pasado mes de diciembre del 2020, en una sentencia donde no solo acepta su competencia para analizar los argumentos presentados por Guyana, sino estudiar y decidir sobre el fondo o materia, que para ese país debería ser la plena validez el Laudo de 1899.
Al decidir el gobierno venezolano de no comparecer ante la CIJ, no pudo realizarse el necesario juicio contradictorio con las dos rondas de alegatos tanto en las fases escritas como en la fase oral, en las cuales solo se conocieron los argumentos de Guyana.
La CIJ por la mayoría de magistrado (11-4) aceptó la actitud unilateral de Guyana en la demanda, desconoció el principio de la manifestación expresa de las partes en su competencia, se abrogó jurisdicción para conocer y pronunciarse sobre la validez del Laudo Arbitral, permitiendo a Guyana desligarse de lo acordado en Ginebra.
Venezuela el pasado 7 de junio del 2022 dentro de lo establecido en el reglamento de la CIJ, producto de la reforma del mismo en el 2019, ha presentado Objeciones Preliminares a la admisibilidad de la demanda unilateral de Guyana, por carecer la misma de los “elementos esenciales para conformar un debido proceso”. Insiste el gobierno venezolano en el marco jurídico del Acuerdo de Ginebra de 1966 y expresa su confianza en las negociaciones directas establecidas en el mismo, para alcanzar amistosamente un acuerdo práctico y aceptable. Se afirma el respeto a este órgano judicial de la ONU, pero se rechaza la instrumentalización de la CIJ para dirimir una controversia que demanda una solución negociada. Niega el que la CIJ pueda pronunciarse sobre el Laudo Arbitral de 1889, situación que para Venezuela ya fue superada cuando las partes decidieron la vía bilateral. Insiste nuestro país en retornar a la negociación diplomática y al diálogo político.
Como lo señalara uno de los jueces que salvó su voto en la sentencia, se violó el imperativo fundamental del necesario acuerdo de las partes y su manifestación expresa para participar en el proceso. El francés Ronny Abraham advirtió junto a otros 3 jueces, el riesgo que constituía para la credibilidad de este Tribunal Internacional el criterio, seguido por la mayoría de sus colegas cuando se desconoció este principio fundamental de la arquitectura jurídica de la CIJ
La República Cooperativa de Guyana tiene un periodo establecido hasta el 7 de octubre de este año para considerar los argumentos presentados por Venezuela en este reciente comunicado.
El recurso de las Excepciones Preliminares y el nombramiento de especialistas con alta responsabilidad gubernamental, puede abrir un camino interesante en el difícil laberinto de La Haya, con el más antiguo diferendo territorial en el continente. Sería oportuno en esta nueva etapa convocar a las mejores inteligencias del país y de todos los horizontes políticos para presentar un solo frente en La Haya. Para Venezuela el Esequibo es parte esencial de nuestra territorialidad debe ser un punto de convergencia en su defensa de todos los venezolanos.
La prensa guyanesa al margen de esto informó que el gobierno de Guyana aprobó para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de ese país aprobó la cantidad de 600.000 millones de dólares, para sufragar los gastos del caso fronterizo de Guyana y Venezuela el cual se encuentra actualmente a la CIJ. Su canciller Hugh Todd aseguró que su gobierno seguirá insistiendo para preservar la seguridad la soberanía integral de territorio de Guyana, esto después del fallo favorable sobre la competencia del CIJ. En su argumentación insiste que la decisión de la CIJ fue tomada en la aceptación de ambos países en el Acuerdo de Ginebra, que la controversia se resolviera por vía judicial.
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