Millones de venezolanos han huido de la crisis que azota a nuestro país secuestrado, desde hace 21 años, por una corporación criminal que abrogó, al alimón, la soberanía popular y la alternabilidad democrática, y usurpa el poder a discreción, utilizando sus malas artes para mantenerse en él como sea.
Se niega a concurrir a unas elecciones, con condiciones, porque sabe que perdería el poder, usurpado y sostenido por la fuerza arbitraria de las bayonetas, corrompidas, parcializadas y desviadas de su obligación primigenia de defender el orden constitucional y la integridad territorial.
Salta a la vista una compleja situación humanitaria con hambre extendida, una creciente presencia de grupos armados irregulares, como la guerrilla, y la realidad de una infraestructura en ruinas, acentuada por el colapso de los servicios públicos: agua, electricidad y combustibles. La falta de estos últimos impedirá pronto que la comida llegue a los hogares.
Por las razones precedentes, el gobierno norteamericano ha dictado el estatuto de protección a nuestros migrantes que se le une a las excelentes medidas tomadas por el gobierno colombiano a favor de una población en condición de vulnerabilidad, que propician condiciones dignas de integración en la sociedad y evita que caigan en las redes criminales, como la trata de personas. No tenemos dudas que nunca antes habían estado tan claramente caracterizados, y con tanta conciencia, los modos criminales de un régimen cruel contra la población.
Venezuela fue reconocida como abanderada de las vacunaciones y erradicadora de enfermedades endémicas. Hoy, frente a la pandemia, la vacunación se viene manejando, por parte del narcorrégimen, con un criterio político y no técnico, estableciendo medidas sin ninguna lógica como las flexibilizaciones en Carnaval y Semana Santa. Esto no es otra cosa que ofrecer pan y circo a costa de vidas humanas. Súmesele a los 2.853 asesinados por los cuerpos de seguridad registrados el año pasado y los 332 presos políticos. La pandemia se maneja para el control social.
Hay que hablar claro, duro y decir la verdad. Denunciar que la peor sanción es la del régimen cubano al que criminalmente se le entregan 150.000 barriles de petróleo diarios, según Iván Freites, haciéndose patente su abierta intervención y saqueo de nuestras riquezas. Muy distinto a laa sanciones personales impuestas a los delincuentes de lesa humanidad, constituyéndose en el único alivio de aproximación a la justicia.
En la Venezuela profunda la emergencia humanitaria se vive peor; los ciudadanos del campo carecen de todo, el oficialismo se coge hasta los recursos para construir los pequeños puentes que les permitirían sacar sus productos a los centros urbanos. Los niños no asisten a las escuelas, aun antes de la pandemia, las cuales se encuentran desvalijadas y en Guayabal, Guárico, las utilizan para guarecer yeguas.
El principal enemigo del régimen es la educación y por eso nos sumerge en la ignorancia, impotencia y el dolor. Peor que Casas muertas, que por lo menos tenía una calle asfaltada.
No se logrará nada cohabitando con criminales, salvo para los “pequeños crápulas” que no ven más allá que el interés de su negocio.
Al régimen forajido hay que combatirlo, denunciarlo y confrontarlo de frente.
Los organismos internacionales deben cumplir con su mandato efectivamente y no servir de caja de resonancia de tiranos violadores de los derechos humanos.
Aspiramos a vivir en libertad, justicia y dignidad. Sin las mafias vamos a construir el país que todos queremos, con el trabajo productivo y decente de su gente. Somos indoblegables frente a la maldad, la mentira y el crimen.
¡No más prisioneros políticos, torturados, asesinados, ni exiliados!
