El Tribunal 2° de Control de Apure ordenó abrir un juicio contra tres altos funcionarios de la Gobernación de Apure, acusados por hechos de corrupción, según expediente 2C-25.098-22 al cual tuvimos acceso parcial.
En este caso los acusados son: Laura Mercedes Rodríguez Sterlin (administradora), Jorge Luis Salazar Rangel (tesorero) y Arnoldo Javier Santana Lovera (jefe de facturación y pagos).
Estas personas fueron detenidas entre el 20 y 23 de agosto de 2022, según informó en su momento el gobernador de Apure, Eduardo Piñate, quien los señaló de estar implicados en “un caso gravísimo de corrupción”.
El 26 de agosto de ese 2022, Rodríguez, Salazar y Santana fueron imputados por el fiscal Ramón Antonio Torres Espinoza por la presunta comisión de: retraso u omisión intencional de funciones, concierto para la celebración de contratos y asociación para delinquir.
Ese acto de imputación se llevó a cabo en el Tribunal 2º de Control de Apure, extensión San Fernando, a cargo de la jueza Rosmery Torres Leal, quien decretó privativa de libertad para los tres detenidos y ordenó recluirlos en el Destacamento 351 de la Guardia Nacional Bolivariana.
El 13 de octubre de 2022, la Fiscalía 55 presentó el escrito acusatorio contra Rodríguez, Salazar y Santana solicitando que se les abra un juicio.
Tal petición fue debatida el 15 de diciembre de 2022, durante la audiencia preliminar celebrada en el Tribunal 2º de Control cuya titular, Rosmery Torres, aceptó el planteamiento del Ministerio Público y en consecuencia ordenó iniciarles un juicio a los acusados.
La apelación
Contra esa decisión ejercieron un recurso los defensores de los acusados, quienes están a la espera de que la Corte de Apelaciones de Apure se pronuncie. Los abogados aspiran que la Corte anule la audiencia preliminar porque se celebró presuntamente negándole el derecho a la defensa a Laura Rodríguez.
También aducen los abogados defensores que el Ministerio Público no explicó cuál fue la actuación individual de cada uno de los tres procesados en los hechos de corrupción denunciados por el gobernador Eduardo Piñate.
“Esto trae como consecuencia jurídica la inexistencia de la formal imputación”, dice el escrito de apelación.
El Ministerio Público refiere que la investigación se inició por una presunta llamada de un proveedor reclamando pagos pendientes y alertando sobre cobro de comisiones.
Al respecto, los abogados defensores responden que el Ministerio Público no acreditó las presuntas víctimas de esos cobros. “Por lo tanto ese delito no se materializó”, acotaron.
Golpiza
Un mes antes que detuvieran a Laura Rodríguez (administradora), ésta fue sometida y golpeada dentro de las instalaciones de la Gobernación de Apure, según testigos. Ese día, el personal de seguridad debió sacarla por una puerta trasera para evitar que la agredieran motorizados apostados en los alrededores del Palacio de Gobierno. Rodríguez estuvo recluida por varios días tratándose las lesiones que le causaron.
Posterior a la golpiza, presuntos funcionarios vandalizaron la vivienda donde residía Laura Rodríguez, ubicada en San Fernando de Apure. Rompieron las puertas y sustrajeron todos sus bienes personales, según vecinos.
En el expediente reposa una experticia de contabilidad donde se concluye que “al analizar la documentación contable se indica que no se pudo determinar daño patrimonial económico a la Gobernación de Apure”.
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