La jueza federal Indira Talwani, de Boston, EEUU ordenó a la administración Trump reanudar «de inmediato» la tramitación del parole humanitario, programa que facilitó la entrada legal a territorio norteamericano, de más de 434 mil migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

De acuerdo a la información reseñada por las principales agencias internacionales, este fallo impide temporalmente a la administración del presidente Donald Trump suspender varios programas de libertad condicional aprobados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), durante el gobierno de Joe Biden.

La jueza aclaró que, aunque el gobierno puede dirigir la política migratoria, las agencias federales siguen estando obligadas por la ley a cumplir con un proceso formal para aprobar o denegar beneficios migratorios como el parole.

Para sustentar su decisión, la jueza Talwani argumentó que «no es de interés público crear una situación en la que cientos de miles de personas, en el transcurso de varios meses, se encuentren ilegalmente en el país, de modo que no puedan trabajar legalmente en sus comunidades ni proveer para sí mismos y sus familias».

Es importante resaltar que la decisión judicial surge en respuesta a una demanda que impugnaba la suspensión del procesamiento de solicitudes de migrantes provenientes de Cuba, Ucrania, Afganistán, Haití, Nicaragua y Venezuela, ya sea para ingresar al país bajo el programa de parole, o para quienes ya lo tienen y buscan cambiar su estatus migratorio.

Talwani, designada durante la presidencia de Barack Obama, ya había frenado en abril un intento del gobierno de revocar el estatus legal temporal de cientos de miles de migrantes de esos países.

El pasado 20 de enero el mandatario estadounidense , a través de una orden ejecutiva, instruía al Departamento de Seguridad Nacional eliminar los programas de parole humanitario, implementados por Biden.

Ese mismo día, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, suspendió de forma inmediata las solicitudes de migrantes acogidos al programa, tras argumentar que el uso del parole debía ser «caso por caso» y no de manera general.

Sin embargo, la orden de la jueza Talwani impide al gobierno pausar o retrasar el procesamiento de estas solicitudes.

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