Recientemente, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB publicó su informe sobre la economía venezolana para el año 2021 con 15 proyecciones. En este contexto, sería interesante y conveniente que otras instituciones como la UCV (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales), la Academia Nacional de Ciencias Económicas y el IESA hicieran las suyas.
Una de las primeras proyecciones que hace el referido documento de la UCAB es que el nivel de actividad económica, en 2021, podría presentar una tasa de crecimiento cercana a 2%, y en 2022, próxima a 5%, sobre todo si se logra recuperar, al menos parcialmente, la producción interna de hidrocarburos. “Estas tasas de crecimiento, de ser alcanzadas, no permitirían, ni siquiera a finales de 2022, volver al reducido nivel del PIB de 2019”. Desde 2014, el PIB de Venezuela se contrajo en 76%. En un cuadro que hemos hecho con los datos del producto interno bruto per cápita en dólares a precios constantes del año 2011 podemos observar la evolución del crecimiento económico en los años 1999-2014, cuando se produjo el gran alza en los precios de las materias primas y Venezuela creció menos que casi todos los países importantes de la región (1,2%), y luego cuando se produjo el descenso a partir del año 2015, el débil crecimiento de la economía venezolana fue superado incluso por el de Argentina.
También el documento de la UCAB hace énfasis en el descenso de la producción petrolera, así relata que en el segundo semestre de 2021 podría aumentar la producción petrolera en 60.000 barriles diarios. De esta forma en el año 2022 podría lograrse un volumen de producción promedio de 700.000 b/d”. Se estima que será inalcanzable volver en el corto plazo a los volúmenes de 2019 (796.000 b/d) y mucho menos obtener de nuevo, aun en el largo plazo, los volúmenes de producción de 2016. “Volver a una producción de 2,6 millones de barriles diarios podría requerir de una inversión de 200.000 millones de dólares; y recuperar la producción en 1 millón de barriles diarios requeriría entre 25.000 y 30.000 millones de dólares”. En ningún escenario estos recursos podrían ser aportados por el sector público venezolano y tampoco, en el corto y mediano plazo, por el sector privado nacional e internacional”. En este sentido, nos recordamos de la propaganda vocinglera del desaparecido presidente Chávez, que pregonaba por todas partes que éramos el país con las reservas de hidrocarburos más elevadas del mundo, cuando la verdad es que para extraer el crudo extrapesado de unos 8 grados API, el cual no puede ser comercializado sin mejorarlo al menos a 15 grados API, y esto requeriría una inversión de 6.000 millones a 8.000 millones de dólares por cada 200.000 barriles diarios, esto es, de 30.000 a 40.000 dólares por cada barril diario producido. E inclusive hay que añadirle un costo operativo de aguas debajo de 5 a 10 dólares por barril.
De igual forma se estima que la hiperinflación ha experimentado un descenso en su ritmo de crecimiento respecto a años anteriores, para estabilizarse entre 2.000% y 2.500% anual; todavía una tasa muy elevada pero inferior a 3.000% de 2020, 9.600% de 2019 y 130.000% de 2018”.
También muchos observadores saben que la economía ha seguido dolarizándose, en un ambiente hiperinflacionario y un escaso control efectivo del Banco Central sobre esas áreas. Aunque las autoridades han logrado detener la dolarización del crédito bancario y la profundización de la utilización de medios de pago emitidos por el sistema financiero en divisas, no pueden evitar el avance hacia una economía con dos monedas. “La dolarización en Venezuela no es la consecuencia del logro de un objetivo de política económica, sino el resultado inevitable de la permanente alta inflación que ha restado toda significación relevante al signo monetario local”.
Un estudio muy reciente sobre el estado de la industria en Venezuela descubre que en el sector manufacturero se estaría en la actualidad empleando solo 18% de la capacidad instalada. Al mismo tiempo, se ha gestado un incremento en la informalidad, tanto en la actividad empresarial como en el mercado de trabajo. “Desde la perspectiva laboral, las implicaciones recaen principalmente en el desempleo, el incremento del empleo informal y la precarización de los empleos en general; así como la disminución de la productividad y del capital humano, lo que agudiza los elevados niveles de desigualdad y pobreza de la población”.
El gobierno ha continuado con el nefasto expediente de la emisión monetaria sin respaldo, que se ha transformado en la principal fuente de financiamiento del sector público, “aunque el rendimiento de este canal se ha reducido en la medida en que la demanda de dinero local ha disminuido significativamente”.
Se calcula que los egresos por bonos (subsidios directos) del sistema Patria representan más de 50% del gasto público consolidado, quedando el resto apenas para sufragar salarios y adquisición de bienes y servicios de la administración pública central y descentralizada. Las transferencias monetarias y en especie (cajas CLAP) vía carnet de la patria siguen desalentando el trabajo asalariado tanto en el sector público como en el privado. “La crisis y la precariedad del empleo han convertido a estas transferencias en un poderoso instrumento de control social; razón por la cual se espera que este mecanismo se mantenga, e incluso se incremente, sobre todo si el país entra en un ciclo político-electoral”.
La crisis que ha venido soportando la nación también ha impulsado aumentos en la desigualdad del ingreso. La profundización de la desigualdad de ingresos en el país se presenta en el examen de los resultados de la encuesta Encovi. Para 2014, 10% de las familias más pobres captaba 2,1% de los ingresos totales; mientras que, en 2019, el mismo porcentaje reduce su participación a menos de la mitad (0,8%). Al contrario, la participación de 10% más rico pasa de 30% del ingreso total en 2014 a 33,9% en 2019.
La caída en las exportaciones petroleras ha sido compensada muy parcialmente por las exportaciones de otros minerales; especialmente el oro, que se ha venido extrayendo con enormes costos ambientales. Para este año, se prevé que la disminución del valor total de los ingresos externos se paralice por causa de una ligera recuperación de las ventas de crudo y de la recepción de las remesas de los venezolanos en el exterior. “Sin embargo, aunque el nivel estimado para 2021 de los ingresos externos por exportaciones (10.000 millones de dólares) duplicaría el de 2020, no superaría el alcanzado en 2019 (estimado en 170.000 millones de dólares) y mucho menos el promedio anual de 2015-2018 (33.000 millones de dólares)”.
La ausencia de transparencia, además del tradicional hermetismo en las fuentes de información oficial sobre los resultados de las políticas implantadas por Venezuela para controlar la pandemia por covid-19, aleja las posibilidades de conseguir diagnósticos precisos y determinar el mejor sendero para la erradicación del virus en Venezuela o, en su defecto, lograr la inmunidad de grupo lo más pronto posible. “El rezago en el plan de vacunación anticovid-19, para lograr la meta de 70% de inmunidad de rebaño planteada para este año, predice un horizonte temporal más largo del estancamiento económico padecido en los últimos seis años”.
