Luego del anuncio de Nicolás Maduro de reformar el Poder Judicial, creando una comisión presidida por los diputados electos en 2020, Diosdado Cabello y Cilia Flores, el abogado Joel García señaló en exclusiva a Caraota Digital que este es un paso que tomó el chavismo para “ponerle un paño caliente” al informe de la Corte Penal Internacional (CPI).
Por: El Espectador de Caracas con información de CaraotaDigital
“Todo este proceso es parte de un paño caliente para hacerle ver a la CPI que en Venezuela están tomando medidas. Pero la ONU, la Corte Penal y la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet saben que los jueces forman parte del entramado de delincuencia organizada”, señaló García.
Asimismo, indicó que en Venezuela “no hay garantías” del debido proceso y, sobre todo en casos políticos, los jueces no actúan con independencia, sino que son simples ejecutores de órdenes.
También se refirió a los integrantes de la comisión, Cabello y Cilia Flores, ambos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). “¿Cuál independencia pueden tener? Ninguna. Verdaderamente para transformar al Poder Judicial hay que llamar a las personas más capaces, que presenten credenciales, exámenes y que los ciudadanos, tal y como lo establece el principio de participación, podamos objetar o cuestionar el proceso”.
“Lo primero que hay que hacer para transformar al Poder Judicial es darle independencia y autonomía”, reiteró el abogado, quien ha llevado casos emblemáticos como el de Juan Requesens y Leopoldo López.
Las academias quedaron marginadas
Durante la alocución de esta tarde, Maduro aseguró que la comisión para “reformar” el Poder Judicial estaría conformada por Cilia Flores, su esposa, y por el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello. Sin embargo, no mencionó a las academias o escuelas de Derecho en el país.
“¿Por qué Maduro no llamó a las escuelas de Derecho, a las academias, para hacer la reestructuración?”, se cuestionó Joel García, quien no confía en este nuevo proceso del chavismo.
El hacinamiento se combate cumpliendo con las leyes
En los centros de detención preventiva, el hacinamiento es totalmente común y prácticamente ya fue aceptado por los directores de las policías, organismos de inteligencia y contrainteligencia.
Por ejemplo, la ONG Una Ventana a La Libertad refiere que en promedio, en los calabozos de Venezuela el hacinamiento ronda el 350%. De hecho, entre octubre de 2020 y abril de 2021, 82 privados de libertad murieron enfermos tras las rejas, sin recibir la debida asistencia médica.
García señaló que a causa de la corrupción dentro de los tribunales y policías, no se respetan las medidas judiciales. Es común que los jueces firmen el traslado de los detenidos hacia un penal, pero que este no se cumpla.
“El Poder Judicial no tiene autonomía; por ejemplo, no se explica cómo hay personas detenidas en las sedes de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado”, subrayó García.
La solución pasa por tener a profesionales capaces
“Lo que se tiene que hacer es poner a jueces competentes, capaces, que reúnan todos los requisitos y credenciales académicas. En eso, la Constitución es clara. La verdadera reforma del Poder Judicial está dentro de la Carta Magna, lo que falta es voluntad política para llevarla a cabo”, reiteró.
Por último, acotó que el nivel de conocimiento de los jueces “deja mucho que desear” e indicó que muchos se dedican a perseguir políticos para conseguir los beneficios que no les otorga su salario.
“El salario de un juez no supera los 40 0 50 dólares al mes. Así, nadie quiere trabajar en el Poder Judicial. ¿Cómo convences a un abogado a que deje de ejercer por cuenta propia en estos términos?”, cuestionó.
Hace unos días, el diputado electo en 2020 por el Psuv, Pedro Carreño, acusó al sistema judicial de deambular “entre la extorsión y el retardo procesal”.
“En Venezuela siempre hemos escuchado hablar del retardo procesal, pero producto de la pandemia tuvimos siete meses sin despacho en los tribunales, y después de los siete meses empezó el siete por siete, y no conforme con eso en los siete días que se deben trabajar, visita uno la sede de los tribunales y resulta que dice en la puerta no hay despacho. ¿Cómo hacen estos hermanos venezolanos que están allí privados de libertad?”, indicó Carreño.
Ahora, Diosdado Cabello y Cilia Flores tienen 60 días continuos para resolver lo que en 22 años de chavismo han sido, al menos, algunos problemas frecuentes: el retardo procesal, la extorsión, los bajos salarios en el sistema de justicia, la poca independencia de jueces, el hacinamiento y las denuncias de corrupción.
