Las autoridades iraníes ejecutaron en público este lunes a un segundo preso condenado por su participación en las protestas que sacuden el país, a pesar de la ola de críticas internacionales tras el ahorcamiento del primer manifestante la semana pasada.
Majid Reza Rahnavard fue ahorcado en público en la ciudad santa de Mashad (noreste) después de que fuese sentenciado a muerte por el asesinato de dos agentes de seguridad, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial.
“Fue sentenciado a muerte por “guerra contra dios” por acuchillar hasta la muerte a dos miembros de las fuerzas de seguridad”, explicó Mizan, que añadió que además hirió supuestamente a otras cuatro personas.
El joven fue arrestado el 19 de noviembre, acusado el 24 y su juicio se celebró el 29, mismo día en el que fue condenado condenado a muerte, después de supuestamente confesar sus crímenes, según Mizan.
Otros nueve presos han sido condenados a muerte por las protestas y según Amnistía Internacional al menos 28 acusados podrían ser condenados a la horca.
La ejecución de Rahnavard se produce cuatro días después del primer ahorcamiento de un preso condenado por participar en las protesta desatadas por la muerte de Mahsa Amini a mediados de septiembre.
El jueves Mohsen Shekari, de 23 años, fue ejecutado por herir a un basiji -miliciano islámico- con un cuchillo, bloquear una calle y crear terror en Teherán.
Esa ejecución provocó una oleada de condenas internacionales, especialmente desde países occidentales, que han pedido a Irán que ponga fin a los ahorcamientos.
La Unión Europa prevé dar luz verde este lunes a nuevas sanciones contra responsables iraníes de violaciones de los derechos humanos, tras criticar duramente la ejecución de Shekari la semana pasada.
El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker , consideró que la ejecución del joven tenía como objetivo asustar a los manifestantes.
«Claramente esto tiene el propósito de crear temor para el resto de los manifestantes», sostuvo el viernes en una rueda de prensa Türk.
A pesar de ello la ejecución ha provocado nuevas protestas en el país, como las del sábado cuando se celebraron marchas en silencio y con velas en numerosas ciudades de la nación persa para condenar el ahorcamiento.
Las revueltas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien colocado el velo, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.
En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos hay 15.000 detenidos, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.
Irán es uno de los principales países del mundo en la aplicación de la pena de muerte, con 314 ejecuciones llevadas a cabo en 314, según Amnistía Internacional.
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