La precariedad del sistema penitenciario en Venezuela, expresada en el hacinamiento, la falta de personal capacitado, y la ausencia de atención integral a la mujeres privadas de la libertad, posibilita la aparición de diferentes prácticas que vulneran los derechos de las reclusas y aumenta las posibilidades de victimización de las mismas

Por el Espectador de Caracas con información de El Nacional

La muerte de una joven de 19 años de edad en un calabozo de la policía en Venezuela, a causa de un disparo, deja al descubierto una serie de abusos sistemáticos por parte de funcionarios policiales, y pone de manifiesto los altos niveles de violencia que enfrentan las mujeres privadas de la libertad, publicó InSight Crime.

El 13 de marzo, Daniela Geraldine Figueredo Salazar murió a causa de una herida de bala en el rostro, en la Comisaría Municipal de Zamora en Guatire, ubicada en el estado Miranda. El disparo provino del arma reglamentaria de un funcionario que más tarde fue detenido.

Tras la muerte de Figueredo Salazar, varias de sus compañeras reclusas denunciaron que estaban siendo obligadas a mantener relaciones sexuales con funcionarios que hacían guardia en el calabozo, según Una Ventana a la Libertad (UVL), organización venezolana de defensa de los derechos de los presos. Los abusos sexuales eran coordinados por un exfuncionario que también está actualmente encarcelado, según afirman las mujeres.

“Él es el que nos obliga a tener relaciones sexuales tanto con él como con otros funcionarios”, manifestó una de las mujeres a la ONG.

Este no es el primer caso de violencia sexual que se presenta en los centros de detención del país. En 2018, se informó que las mujeres de las cárceles venezolanas estaban siendo obligadas a tener relaciones sexuales con guardias para poder asistir a las audiencias judiciales, detalló InSight Crime.

Además, en 2019, un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh) responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado como autores de diversas formas de violencia sexual contra las detenidas.

Según dicho informe, varias mujeres testificaron que algunos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) estaban pidiendo favores sexuales a cambio de bienes y privilegios.

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