El soldado voluntario Mario Antonio Palacios fue deportado de Jamaica a Colombia y en su escala en Panamá se entregó a las autoridades estadounidenses. A estas horas ya debe estar en Miami. Está señalado de ser parte del grupo de militares retirados que supuestamente ejecutó al presidente haitiano Juvenel Moise el 7 de julio de 21. Y digo supuestamente, pues la prensa nacional de Colombia, un senador estadounidense y hasta un hijo del mandatario caído, declararon que los militares llegaron horas después de que se hubiera cometido el homicidio. El ex primer ministro Claude Joseph manifestó que a Palacio no lo extraditan a Haití, porque no existe ninguna prueba de su participación en el eventual complot. Un inexperto y asustado magistrado adelanta el proceso que hasta el momento es poco claro.
¿A quién le interesa?
El magnicidio causó un remezón en las relaciones diplomáticas de los dos países y el gobierno actual solventó el asunto de manera simple, condenando desde el principio a los colombianos involucrados en el hecho, sin ningún tipo de consideración ni discriminación, aunque con el tiempo, se han venido mostrando visos y matices necesarios de entender y aceptar. En lo de Haití están involucrados narcotraficantes, según el The New York Times, contrabandistas de armas, intereses de la oligarquía, al decir de la viuda del muerto, magistrados corruptos, poderosas bandas del crimen organizado y empresarios al interior y al exterior de la isla: todo un galimatías de marca mayor que pone en entredicho la noticia inicial de una escuadra de mercenarios asesinos colombianos entrenados por la DEA, la CIA y el Comando Sur. Así Miraflores haga eco de estas especulaciones, sencillamente los hechos no cuadran con las hipótesis.
Seis meses después del asesinato a manos de la corrupta policía haitiana de dos suboficiales colombianos, entre quienes figura el sargento viceprimero Duberney Capador, reclutador de todo el grupo y enlace con la compañía de seguridad privada estadounidense CTU Security con sede en Miami, los 18 detenidos en la penitenciaria nacional de Puerto Príncipe no cuentan con ningún tipo de asesoría legal formal, en franca violación de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA. Así lo planteó la Asociación Colombiana de Oficiales Militares Retirados, Acore, en documento escrito entregado en la pasada 51ª. sesión ordinaria de la OEA, organismo del cual es consultor registrado, pidiendo garantías procesales y protecciones especiales durante todo el juicio.
¿Qué dirá Palacio?
Mientras lidiamos con cientos de desplazados haitianos que permanecen días y semanas en Necocli, Antioquia, del lado de acá de la frontera panameña, esperando su turno de un mejor futuro, “el asesinato del Presidente de Haití está lleno de agujeros negros, de intereses turbios, de clamorosas mentiras ¿Les interesa a los lectores de esta revista averiguarlas? ¿Sienten alguna compasión por el sufrimiento de sus compañeros caídos en desgracia?”, nos reclama la periodista Salud Hernández en su artículo para la revista anual de Acore de noviembre de 2021, página 64 de la edición 132. La Asociación de Oficiales Retirados, lo manifestó en su comunicado del 8 de julio del 21 y lo evidenció después de que su enviado, abogado y Capitán de la Reserva Héctor Forero, visitara en la capital haitiana a los detenidos, el 29 del mismo mes.
Con los militares soportando duras condiciones carcelarias, sin ningún tipo de efectiva defensa legal, la Fundación para la Defensa y Representación de la Fuerza Pública y sus Familias, Funderef, dirigida por la abogada Lorena Lázaro Ocampo, desarrolla una intensa campaña en redes sociales buscando no solo recoger fondos para la defensa de los nacionales, sino explicar por todos los medios posibles los hechos que siguen siendo confusos. Tan enredados como que el pasado 1 de enero el presidente en ejercicio, Ariel Henry, salió ileso de un tiroteo cuando participaba en el 218 aniversario de la Independencia de ese país en la ciudad de Gonaives. En ese mismo evento, murió un civil y otros resultaron heridos.
Funderef continúa con los esfuerzos logísticos de apoyo a los detenidos, en cabeza de la esposa del teniente coronel Guerrero, oficial retirado más antiguo del grupo y Acore mantiene dentro de sus prioridades el caso de Haití.
