La Fiscalía mexicana anunció el miércoles una investigación por homicidio sobre la reciente muerte de 39 migrantes en el incendio de un centro de detención, acusando a los responsables de no hacer nada para evacuarlos.

Las autoridades se enfrentaron a un creciente escrutinio sobre su gestión del desastre después de que aparecieran imágenes de videovigilancia que mostraban a los guardias abandonando el lugar mientras las llamas envolvían una celda con migrantes encerrados en su interior.

Se abrió una investigación “por el delito de homicidio y daños a la propiedad”, aunque también se considerarían otros posibles delitos, dijo Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en derechos humanos.

“Ninguno de los servidores públicos ni del personal de seguridad privada realizó acción alguna para abrir la puerta a los migrantes que se encontraban en el interior”, dijo a la prensa.

Ocho personas habían sido identificadas como presuntas responsables de la falla, dijo la ministra de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, en la misma conferencia de prensa.

Entre ellas figuran dos agentes federales y un funcionario estatal de inmigración, así como cinco miembros de una empresa de seguridad privada.

Con información de AFP

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