Los abogados que representan a un grupo de 26 niños y adultos migrantes venezolanos contra el Estado de Trinidad y Tobago han logrado impedir que las autoridades los deporten una segunda vez.

Este es el resultado de una audiencia de emergencia que terminó a última hora este miércoles, 25 de noviembre. En la que la jueza del Tribunal Supremo, Avason Quinlan-Williams, otorgó una orden judicial para detener una segunda deportación. En espera del resultado de una demanda sustantiva.

El grupo de niños, fue expulsado por mar por las autoridades trinitenses el domingo pasado. Horas antes del inicio de un juicio en el que iban a pedir su estancia en la isla.

Tras estropearse el motor de la barca y estar dos días sin saber de su paradero, la justicia de Trinidad y Tobago ordenó su regreso al país.

Quinlan-Williams, también ordenó que el grupo entre en cuarentena obligatoria durante 14 días antes de ser puestos en libertad.

Además, se espera que los venezolanos sean transportados al centro de detención de migrantes en el helipuerto de Chaguaramas. Para cumplir dicha cuarentena y luego sean puestos en libertad.

En la noche del miércoles, el equipo legal de los migrantes alegó que las acciones de los funcionarios del Estado al deportarlos el domingo, violaban sus derechos constitucionales a la libertad, la protección ante la ley y el derecho a la privacidad y la vida familiar. Los cuales están garantizados a cualquier persona dentro del país, incluidos los ilegales.

También alegaron que la acción violó varios tratados internacionales. Asimismo, la Política Nacional de Atención de Refugiados y Asilo, que fue creada en 2014 y no fue abolida.

El grupo ha sido sometido a las pruebas de la covid-19, resultando todos negativo.