Mientras el general Raúl Isaías Baduel fallecía, sin asistencia médica, en las mazmorras del régimen chavista, Alex Saab -empresario colombiano abruptamente devenido en “diplomático venezolano”- fue extraditado a Estados Unidos después de un largo proceso judicial, en el que contó con todas las garantías del debido proceso. A pesar de sus diferencias, ambos casos están estrechamente relacionados y son el reflejo de lo que ocurre en Venezuela, por lo que merecen ser examinados conjuntamente. A la luz de un comunicado oficial del régimen de Venezuela, irónicamente protestando por la violación de los derechos humanos de Alex Saab, dicha comparación resulta aún más pertinente.
Ambos casos merecieron la atención de la prensa nacional e internacional, y en ambos casos hubo pronunciamientos públicos de instancias internacionales. A uno se le castigó por alzar la voz, y del otro se espera que no hable. Ambos estaban detenidos: Saab, en virtud de una orden internacional de detención para fines de extradición, y Baduel, preso sin condena, y sin ningún juicio o acusación concreta formulada en su contra. Desde 2009, Baduel estuvo preso, en Venezuela, primero, en la cárcel de prisioneros militares de Ramo Verde, luego en “la Tumba” y, finalmente, en el Helicoide; Saab permaneció, durante dieciséis meses, en una cárcel de Cabo Verde, aunque en los últimos meses se le había concedido arresto domiciliario. El trato recibido por uno y otro, así como las condiciones de detención, fueron muy diferentes. Mientras Baduel falleció por causas que no han sido suficientemente esclarecidas, y estando bajo la responsabilidad de sus captores, Saab fue entregado vivo a las autoridades judiciales de Estados Unidos.
Luego de ser un comerciante arruinado, Saab hizo pingues negocios con el régimen venezolano, convirtiéndose en un empresario exitoso y, supuestamente, en tesorero del chavismo. Las transacciones financieras que realizó en Estados Unidos, con dinero mal habido, es lo que hizo que terminara siendo acusado de lavado de dinero. Por su parte, Baduel, que formó parte del núcleo duro del chavismo, que trajo de regreso a Miraflores a un Hugo Chávez ya caído, y que introdujo en los cuarteles el lema de “Patria, socialismo o muerte”, fue uno de los primeros chavistas disidentes en ser víctima del ejercicio arbitrario del poder público. Mientras a Saab se le detuvo y se le extraditó por la presunta comisión de delitos comunes, Baduel era un preso político del régimen.
Se requiere demasiado cinismo para que, en un comunicado oficial, el régimen venezolano denunciara “el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, por parte del gobierno de los Estados Unidos en complicidad con autoridades de Cabo Verde, quienes lo torturaron y mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491 días, sin orden de captura ni debido proceso”. En realidad, él había sido detenido en virtud de una orden internacional de detención, por lo que no estaba “prisionero” ni era rehén de nadie, sino que estaba preso, en espera de una decisión judicial sobre su extradición a Estados Unidos. Tampoco hay ninguna evidencia de que se le haya sometido a torturas o a tratos indebidos. No se ha mencionado ningún hecho que, en su caso, pueda calificarse como tortura y, de la forma como se le vio salir del avión una vez que llegó a Miami o del aspecto que presentaba en su comparecencia ante el juez O’Sullivan el lunes pasado, tampoco se desprende que haya sido maltratado o que tenga lesiones producto de la tortura. Según los informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión de Verificación de Hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos, no se puede decir lo mismo de Baduel ni de los centenares de presos políticos venezolanos. Desde luego, las circunstancias en que Saab compareció el lunes pasado ante el tribunal encargado de juzgarle son muy distintas a las circunstancias en que el Capitán Acosta Arévalo fue llevado ante un juez militar venezolano, para morir, sólo horas después, como consecuencia de las torturas a que había sido sometido.
En cuanto al debido proceso, la detención -y posterior extradición- de Saab no fue consecuencia del ejercicio arbitrario del poder público, como sí lo fue la detención de Baduel y de los centenares de presos políticos que permanecen en las cárceles de Venezuela. Saab está acusado de lavado de dinero, proveniente de la asignación de dólares de Cadivi, del sobreprecio de las cajas de alimentos que se repartían entre los sectores populares, de la venta de oro y piedras preciosas, y de la corrupción imperante en Venezuela. Antes de proceder a su extradición, los abogados de Saab pudieron ejercer todos los recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico de Cabo Verde para intentar evitar su extradición a Estados Unidos. Una vez extraditado a ese país, inmediatamente fue puesto a disposición de un tribunal independiente e imparcial, para que se pronunciara sobre la legalidad de su detención y sobre los cargos de que se le acusa. Eso es muy distinto a lo que ocurrió con Baduel y a lo que ocurre con la inmensa mayoría de los presos políticos en Venezuela. Paradójicamente, es este régimen el que encarcela sin orden judicial, y el que persigue a los opositores políticos no por lo que han hecho, sino por lo que han dicho. Es respecto de Venezuela que, sistemáticamente, distintas instancias internacionales han denunciado la falta de independencia del poder judicial y la ausencia del debido proceso legal. Si no, ¿por qué delito estaba preso Baduel? ¿Cuál fue el tribunal que conoció de su caso? ¿Qué reglas del debido proceso se aplicaron a Oscar Pérez al ajusticiarlo luego de rendirse y estar desarmado? ¿Porqué, en las cárceles venezolanas, hay presos sin condena? ¿Porqué -según la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos- las violaciones de derechos humanos cometidas en este país quedan en la impunidad? Lo cierto es que, si en Venezuela hubiera Estado de Derecho y se respetara el debido proceso legal, investigando y sancionando crímenes de lesa humanidad, el país no estaría en la mira de la Corte Penal Internacional.
Mientras Baduel es una de las tantas pruebas del ejercicio arbitrario del poder público, Saab es la demostración más palpable de las grandes fortunas que se han hecho en torno a los que despachan desde Miraflores. Puede que Saab no sea el único propietario del patrimonio que se le atribuye, y que quizás comparte con alguno de sus valedores; pero su influencia era inmensa y, gracias a ella, de manera fraudulenta y violando los requisitos legales, rápidamente se le otorgó la nacionalidad venezolana. Más notable es que, de la noche a la mañana, a una persona que tenía contratos con el Estado se le designara como “diplomático venezolano”. Todos los gobiernos han designado como embajadores a operadores políticos sin preparación para esa tarea (la ONU ha sido el lugar predilecto de esos personajes); pero una cosa es encargar la representación del Estado en el exterior a quien no tiene ni la formación ni la experiencia necesaria para ello, y otra cosa distinta es nombrar como agente diplomático a quien está requerido por la justicia de un Estado extranjero, por la comisión de delitos comunes, y que, además, al momento de su designación, se encontraba preso, en espera de un proceso de extradición. Cualquier experto en Derecho Internacional les podría haber advertido que la designación de un agente diplomático no tiene carácter retroactivo, y que la inmunidad diplomática está diseñada para garantizar la representación del Estado y no para amparar crímenes cometidos por el individuo designado para representar al Estado. Incluso si, al momento de su detención, Saab hubiera portado un pasaporte diplomático, eso no le hubiera servido de nada; en este sentido, recuérdese el caso Pinochet, que supuestamente viajaba en una “misión diplomática especial”. Además de torpeza, insistir en que Saab es un “diplomático venezolano” revela los lazos de complicidad entre éste y quienes previamente le otorgaban suculentos contratos con el Estado. Después de todo, no hay que olvidar que a Saab se le acusa de lavado de dinero, y que ese dinero provenía de las arcas venezolanas.
Según la versión oficial, Baduel falleció a causa de un ataque fulminante de coronavirus, sin que se conozca de otro caso semejante, y sin que se le hubieran prestado los cuidados médicos necesarios, excepto por una primera dosis de la vacuna. En cambio, respecto de Saab se desplegaron todos los recursos del Estado, financieros, publicitarios y diplomáticos, para tratar de evitar su extradición a Estados Unidos, en donde existe el riego de que opte por hablar. El primero murió en medio de la indiferencia de sus captores, que tenían la responsabilidad de cuidarlo; por el contrario, el segundo movilizó a todo el aparato del Estado, procurando impedir que fuera juzgado por los delitos que se le imputan.
Alex Saab y Raúl Isaías Baduel son el reflejo de las distintas varas de medir del régimen venezolano: una vara muy larga, muy ancha y complaciente, para los amigos del chavismo, y una vara muy corta y muy rígida para los chavistas disidentes, los opositores políticos o, simplemente, los que no han hipotecado su conciencia.
