En las últimas semanas ha reflotado con inusual intensidad el conflicto territorial entre Guyana y Venezuela. Se trata de un tenso enfrentamiento diplomático que ha perdurado literalmente durante siglos, y que ha dejado una estela de tensiones, disputas y muy lamentables consecuencias económicas negativas para ambos países.

A esto hay que sumar que esos 159.000 kilómetros cuadrados son ricos en recursos naturales y forestales, que por supuesto son parte de la disputa. Recursos que podrían ser explotados y que han dormido allí inutilizados por décadas.

Caracas y Georgetown nunca han logrado ponerse de acuerdo sobre el trazado de la frontera que nos separa. Ya los venezolanos nos acostumbramos a ver a región del Esequibo figurando frecuentemente en nuestros mapas con un rayado denominado «Zona en Reclamación».

Ante la situación actual, es imperativo mirar hacia atrás en la historia. La llamada Guayana Esequiba o Territorio Esequibo, forma parte de Venezuela mucho antes de la Guerra de Independencia de nuestro país.

Tenemos que remitirnos a los tiempos cuando la Corona Española delimitó el Territorio de lo que era la Capitanía General de Venezuela. El Imperio Británico de aquellos tiempos, en una serie de acciones expansionistas, se fue adueñando lentamente del territorio que hoy se encuentra en cuestión.

Según los historiadores, en 1819, con la creación de la República de Colombia o Gran Colombia, Gran Bretaña reconoció al río Esequibo como la frontera. Cuando Venezuela se separó de Colombia en 1830, el río Esequibo quedó como el límite de la República de Venezuela.

Eso fue reconocido durante gran parte del siglo XIX, hasta que se encontró oro en la cuenca del río Yuruari, en la Guayana Venezolana, lo que desencadenó la ambición británica por ese territorio. Se intentó legalizar dicha acción a través de lo que se conoce como el Laudo Arbitral de París. En 1962 Venezuela declaró que no acataría la decisión del arbitraje, que cedió el territorio a Guyana.

Entonces se fijó una comisión fronteriza con el Acuerdo de Ginebra, en el año 1966 con representantes de Guyana, Venezuela y Gran Bretaña, pero no se pudo llegar a un acuerdo.

Bajo una tremenda presión diplomática, Venezuela se comprometió en 1970 a una moratoria de 12 años en la disputa con el Protocolo de Puerto España y, en 1982, nuestro país se negó a ratificar el protocolo.

Lamentablemente, hemos tenido numerosos y tensos incidentes con esa nación vecina. La situación se agravó cuando, en el siglo XX, se produjeron descubrimientos de vastos recursos naturales, incluyendo petróleo y gas, en la región en disputa. Esta riqueza despertó el interés de empresas petroleras internacionales, por lo cual se añadió una delicada dimensión económica al conflicto.

En 2013 la Armada venezolana capturó un buque de exploración petrolera que operaba en aguas en disputa. Lo mismo sucedió en 2018. También se interceptaron embarcaciones acusadas de pescar ilegalmente en aguas venezolanas. El gobierno de Guyana aseguró que operaban dentro de su Zona Económica Exclusiva, pero nuestro país alega que estaban en aguas «de indiscutible soberanía venezolana».

Pero el asunto escala mucho más con las recientes licitaciones petroleras por parte de Guyana, ya que las áreas costa afuera son sujeto de esta disputa territorial, y las empresas a quienes se les adjudique no tendrán derechos para explorarlas.

En dos palabras, es una acción ilegal y disputable desde todo punto de vista ante el derecho internacional. Estas licitaciones de bloques de petróleo y gas no otorgarán ningún tipo de derechos a los terceros que participen en dicho proceso.

El caso ha sido sometido en tiempos recientes a la consideración de organismos multilaterales como la Corte Internacional de Justicia, e incluso las Naciones Unidas. Sin embargo, el primero de estos organismos ya se pronunció en contra de nuestra patria, alargando aún más la incertidumbre centenaria.

No podemos dejar de abrigar una esperanza de que haya fallos de su parte que nos acerquen a la justicia, pero lo cierto es que Venezuela ya ha esperado demasiado tiempo por la misma, con los frustrantes resultados de la inacción que nos ha traído hasta la situación actual.

Y a esto tenemos que agregar que, lamentablemente, el tono por parte de la otra nación en disputa es no solamente altisonante, sino además nos da con la puerta en la cara, en cuanto a cualquier posibilidad de diálogo para encontrar una solución.

Tanto lo histórico como lo geográfico y lo legal, dan la razón al antiguo reclamo venezolano. Pero los descubrimientos cada vez mayores de petróleo y gas han puesto en juego intereses de gran peso, que han enturbiado aún más las posibilidades de esa salida tan postergada a esta diferencia.

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