El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió una carta a la Procuraduría General en la que muestra su disconformidad con que el Ministerio Público inhabilite a cargos públicos elegidos por voto popular y asegura que no nombrará reemplazos para alcaldes suspendidos, como el de Riohacha, capital del departamento de La Guajira.
En la carta de 24 páginas dirigida a la procuradora general, Margarita Cabello, Petro apunta las razones por las que no va a ejecutar la orden de suspender por tres meses a José Ramiro Bermúdez, alcalde de Riohacha.
Petro fue inhabilitado durante su mandato como alcalde de Bogotá (2012-2015) por este organismo y consiguió que le volvieran a habilitar mediante una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que decía que un cargo elegido por voto popular no podía ser destituido.
La medida cautelar dispuesta por la Procuraduría de suspender tres meses al alcalde «contiene una manifiesta restricción al ejercicio pleno y eficaz de uno de los derechos políticos de las personas electas popularmente (…) nada menos el de quedar impedido por orden administrativa para ejercer temporalmente su cargo», se lee en la carta.
El presidente considera que la Procuraduría actúa sin acatar las decisiones de la CorteIDH, a quien mandará el concepto para que se actúe como en su caso «Petro vs Colombia».
El Ministerio Público decidió también esta semana suspender al alcalde de Cartagena de Indias, William Dau, durante cuatro meses por comentarios peyorativos contra directivos de la Universidad de Cartagena a quienes tildó de «corruptos» y «nido de ratas».
«Con su conducta el servidor público faltó al deber de tratar con imparcialidad y rectitud a los directivos de dicha institución y con la cual afectó su dignidad humana e integridad, usando expresiones tales como: ‘corruptos’, ‘nido de ratas’, ‘malandrines’», entre otras señaló la Procuraduría (Ministerio Público).
El presidente ha atacado reiteradamente a la Procuraduría por este tipo de actuar después de que en 2013 el procurador de entonces, Alejandro Ordoñez, decidiera inhabilitarlo para ejercer funciones públicas durante 15 años por haber violado supuestamente varias normas disciplinarias en la adjudicación de contratos de recogida de basuras de Bogotá.
Petro agotó entonces todos los recursos internos, que no le dieron la razón, hasta que acudió a la instancia internacional que ordenó que fuera reinstalado en su puesto.
Con información de EFE
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