Ha suspendido una de las salas del tribunal caraqueño que bien le sirve al señor Maduro, los efectos de la elección primaria realizada por la Plataforma Unitaria opositora el pasado 22 de octubre, lo que a nadie debe sorprender. El retardo en adoptar la decisión, fue quizás producto de que las encuestas contratadas por el gobierno no previeron la participación que se expresó, cualquiera que ella sea ni tampoco y lo creo mas importante, la multiplicidad social de los asistentes a la misma.
La suspensión se produce en un entorno en el cual, destacados juristas afirman que no existe la inhabilitación de la candidata ganadora que la gestión Maduro pregona, en tanto otros sostienen que la votación obtenida por la ganadora es la auténtica habilitación. Todo ello, en la actual situación venezolana son solo palabras. En nuestro país la ley es el ocupante de Miraflores y las decisiones se adoptan según su leal saber y entender. Eso es lo que hay.
Así, nos guste o no, en la vida real venezolana, dado el estado actual de sus poderes públicos, serán estos, según su competencia, quienes decidirán si María Corina Machado puede o no inscribirse como candidata presidencial, lo demás son deseos y ya sabemos que pasan con estos, lo que me lleva a reiterar un planteamiento que, en infinidad de columnas he planteado.
El primer poder público sobre el cual debió trabajarse para lograr una regularización de la vida pública del país, debió ser el judicial por la condición de árbitro de conflictos que el mismo tiene y así lo he planteado desde el año 2017 cuando menos.
El año 2019 cuando surgió la figura del gobierno interino y se planteó la tríada de cese de la usurpación, elecciones libres y gobierno de transición reiteramos nuestra posición y ese fue, el mejor momento en el cual ello pudo lograrse, tanto por la debilidad con la cual el señor Maduro había iniciado su gestión el 10 de enero de ese año, como por la fortaleza internacional que se constituyó como consecuencia de la juramentación pública del señor Guaidó. Nada de eso se construyó y hoy estamos aquí observando –algunos estupefactos- las medidas que se adoptan.
La decisión cautelar tomada por la sala electoral, visto que se origina a posteriori del hecho político que la motiva, en poco o nada afecta este. Los ciudadanos que asistieron al comicio interno avalaron una candidatura y esta no se revierte con decisiones judiciales ex post facto pero lo cierto es que ella obliga a los actores nacionales opositores que participaron en la misma a iniciar la discusión de un tema que prefirieron diferir a saber, el mecanismo de eventual sustitución de quien resultó ganadora de dichos comicios pues, en lo personal así lo creo, el “hasta el final” que sirvió de slogan, no puede ser otro que participar en una elección presidencial y para que ello ocurra es menester inscribir un candidato a la misma. Ese tema, aun cuando algunos quieran obviarlo, estará presente hasta el dia que finalice el lapso concedido para inscribir oficialmente las respectivas candidaturas.
Probablemente alguno sostendrá que discutir desde ya esa medida es una aceptación de la violación de la Constitución y afirmo que es así pero reitero, en un país donde la ley la dicta y la interpreta a su conveniencia quien ejerce el poder, no es ocioso prevenir.
La decisión emitida por los señores que integran la sala electoral del tribunal supremo venezolano comporta, a la vista de algunos, una violación de los términos del acuerdo adoptado en Barbados, con presencia internacional, en el cual se hacía mención al respeto de las decisiones electorales de los contendientes en el país; quienes decidieron la misma, seguramente tendrán sobre su escritorio la explicación que el interlocutor gubernamental dará a dicha actuación, sobre todo visto que estaría en juego el mantenimiento o suspensión de las sanciones aprobadas por Estado Unidos.
Quien crea que el trecho que nos separa de aquí al 10 de enero de 2025 será un lecho de rosas, está errado; un largo y tortuoso camino habremos de transitar hasta esa fecha y el mismo se deberá caminar –cuando menos internamente- con la menor diatriba posible a los efectos de minimizar las discusiones que una decisión como esa implicará.
Corresponde entonces a la dirigencia política que enfrenta el estado de cosas que a Venezuela ocupa, adoptar las decisiones conducentes que permitan resolver los no pocos escollos que, en el camino, la gestión gobernante en Venezuela impondrá por los próximos quince meses.
Gonzalo Oliveros Navarro
@barraplural
