Un grupo de 23 exdiputados venezolanos denunció este lunes que participar en las elecciones locales y regionales del próximo 21 de noviembre “es un acto inconstitucional que configura un nuevo fraude”.

Por: El Espectador de Caracas / EFE

“Consideramos que participar en el evento convocado por la dictadura para el 21 de noviembre, en estas condiciones, es un acto inconstitucional, que configura un nuevo fraude y favorece la estrategia del régimen tiránico”, afirmaron en un comunicado.

A esos comicios acudirá buena parte de la oposición, incluido el sector que encabeza Juan Guaidó, si bien varios de los exparlamentarios que firman la misiva se han mostrado muy cercanos al expresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) durante los últimos años.

Quienes suscriben el documento consideran que Venezuela “es un Estado criminal” que no tiene “garantía alguna para sus ciudadanos”, por lo que “no puede hablarse de elecciones si antes no se restablece la soberanía nacional y el Estado de derecho”.

“En consecuencia, la no participación en dicho evento, para el 21 de noviembre, en las actuales circunstancias, es una acción política de legítima defensa ante el opresor”, consideraron.

Al respecto, aseguraron que “Venezuela es un Estado fallido y ocupado por grupos irregulares vinculados con el narcotráfico y el terrorismo internacional”.

“No participar en la farsa electoral convocada es, pues, una acción, no es inacción”, afirmaron antes de agregar que “con ello se desmonta la estrategia electoralista de legitimación” del “régimen” de Nicolás Maduro.

Por ello, explicaron que quienes participarán lo harán por una serie de razones que van “desde la complicidad hasta la ingenuidad”, incluyendo a quienes “han asumido posiciones sin consideración alguna por las enormes necesidades que aquejan” a Venezuela.

“El ejercicio electorero del 21 de noviembre próximo representa, además, una operación para cimentar en el poder a actores alineados con el modelo mafioso instaurado en el país. Por tanto, no representa un ejercicio institucional, sino una fórmula para ampliar espacios de control del Estado criminal”, concluyeron. EFE