Google y la Comisión Europea empezaron este lunes a exponer sus argumentos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una vista por la multa de más de 4.300 millones de euros que Bruselas impuso a la compañía en 2018 por considerar que firmó contratos ilegales con los fabricantes de dispositivos Android para fortalecer el dominio de su motor de búsqueda.
Por: El Espectador de Caracas / EFE
En la vista, que se alargará hasta el viernes, la Comisión Europea acusa a Google de haber firmado contratos con fabricantes de teléfonos móviles y con operadores de redes obligándoles a instalar el buscador Google Search y el navegador Google Chrome en los dispositivos Android, a cambio de cederles la licencia de su tienda de aplicaciones Play Store.
Bruselas argumenta que desde 2011 estos acuerdos han sido ilegales porque el objetivo de Google ha sido proteger y fortalecer la posición dominante que tiene en el mercado su motor de búsqueda y mantener así los ingresos que obtiene a través de la publicidad en línea.
INICIOS
Según la Comisión, la compañía captó el cambio de hábitos de los consumidores a principios del siglo XXI, observando como el flujo de internet empezó a virar desde los ordenadores portátiles a los teléfonos móviles y en 2005 compró el sistema operativo Android.
Desde entonces, ha seguido desarrollando el software y según los datos de la Comisión, el 80 % de los teléfonos móviles y las tabletas que se vendieron en 2018 en el Espacio Económico Europeo funcionaban con Android.
Android es un sistema operativo de código abierto y cada vez que el gigante tecnológico desarrolla una nueva versión lo pone a disposición de los fabricantes de dispositivos móviles y de los operadores de redes.
El software no contiene ninguna aplicación preinstalada y los fabricantes deciden con qué apps quieren vender los terminales.
Google alega que la mayoría los ofrecen con su Play Store para llegar a más clientes y a cambio de cederles la licencia gratuitamente, les obliga a instalar Google Search y Google Chrome para obtener un rédito económico por el desarrollo de un software libre.
Bruselas, sin embargo, rechaza el argumento porque considera que la empresa ya obtiene ingresos anuales de miles de millones de dólares solo con la Play Store.
Además, alega que al tener ya un buscador instalado, los usuarios tienen menos incentivos para descargare otro de la competencia, hasta el punto que en 2016, más del 95 % de las búsquedas en los dispositivos Android con Search y Chrome se realizaron a través del servicio de Google.
La tecnológica se opone con el argumento de que hoy en día es fácil instalar una aplicación móvil, que actualmente se descargan 300 millones de apps diarias a través de la Play Store y defiende que si los usuarios optan por los servicios de Google es porque los consideran útiles.
“No hay nada ilegal en cualquier empresa que pretenda, como hizo Google, aumentar su cuota de mercado mediante la competencia en los méritos”, dijo ante el tribunal Meredith Pickford, abogado de Google.
Un argumento que contrarrestó el letrado Thomas Vinje, quien declaró a EFE: «Están forzando estos productos y es algo completamente ilegal bajo la ley europea de competencia», dijo Vijne, abogado que ya se opuso a Microsfot en 2007 y que representa ahora a FairSearch, la empresa que denunció a Google ante Bruselas.
«Google puede decir que ofrece Android gratuitamente, pero alguien acaba pagando el precio de la conducta monopolística de Google», defendió ante la corte la asociación europea de consumidores BEUC.
Desde octubre de 2018 Google ofrece licencias separadas para Google Search y para Google Chrome, a la espera del fallo del TJUE.
