Dentro de tres semanas, los venezolanos deberán decidir si votan o no en las elecciones regionales y municipales que se realizarán el 21 de noviembre, las que tienen una característica que no se observaba desde el año 2006, la observación internacional. Esta condición, exigida en distintas oportunidades por buena parte de los actores políticos -gracias a la presencia de la Misión de Observación de la Unión Europea- se cumplirá y permitirá poner de presencia las condiciones en las cuales dicha elección se habrá de realizar.
Ciertamente que dichos eventos no resuelven la situación general del país ni satisfacen las exigencias de una parte de los actores políticos pero es lo cierto que, guste o no, son las que están previstas, todo ello mientras se trata de construir el escenario de la que se aspira que, nadie lo dude, solo se adelantará si hay un acuerdo político, no solo respecto de su realización anticipada, sino de la concreción de un escenario que lo permita, via referendo revocatorio, todo lo cual pasa porque en Ciudad de México ello se acuerde.
Es en esas condiciones que los ciudadanos llegan al 21N. Serán ellos los que con su voto –o su abstención- elegirán a la persona que será el gobernador de su estado o el alcalde de su ciudad, sin desmedro que, desde el alto poder se les designe “protectores”, lo que es en el caso actual venezolano, un riesgo del negocio de la política. Son asimismo ellos quienes decidirán el ciudadano que, desde los Concejos Municipales, diseñará la calidad de vida que podrán tener y las tarifas que pagaran por los servicios que en sus municipios deberán prestárseles, de manera que, aún cuando se crea lo contrario, no es poca cosa lo que está en juego dado que hablamos del dia a dia de todos y cada uno de los que en todas y cada una de las ciudades y poblaciones de Venezuela habitan.
Pero no solo son los ciudadanos los que deberán decidir en estos tiempos.
Si las cosas se mantienen inalterables, el 5 de enero de 2022 finalizará la gestión que realizan los diputados que continúan actuando por cuenta de la Asamblea Nacional del 2015 con vista a lo dispuesto en el Estatuto de la Transición. Ello es consecuencia de que no se habrán realizado elecciones presidenciales libres y verificables, ni habrá ocurrido ningún hecho sobrevenido que pusiere término a la situación que originó el mismo, y solo habrá llegado el 5 de enero de 2022 pues son estos los tres únicos supuestos que en el artículo 12 de dicha normativa -aprobada en diciembre del año pasado y publicada en la Gaceta Legislativa Nro. 38 del 28 de diciembre de 2020- se establecieron como causales para la finalización de la gestión.
Ante esa coyuntura, a quienes en esa posición están, solo les quedan dos alternativas, dejar extinguir el plazo con las consecuencias jurídicas y políticas que ello implica o extender el mismo por decisión de sus integrantes, lo que originará adicionalmente, elegir presidente de esa instancia para que continúe adelantando la gestión que motivó la emisión del referido estatuto, siempre con la aprobación del pleno.
Mientras ese tiempo llega, resulta pertinente insistir en la necesidad de que se reanuden las negociaciones en México pues es en ellas donde será posible consensuar los mecanismos que permitan la necesaria reinstitucionalización del país y con ello ponerle término cierto a la bicefalía general existente.
