Es ese el que avanza en Colombia entre el gobierno del señor Presidente Petro y el ELN, suspendido durante la última administración del país como consecuencia de la acción desplegada por los últimos, contra las instalaciones bogotanas de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en enero del 2019.
Ello acontece como consecuencia de la decisión de la nueva administración de la tierra de Nariño y Caldas, de implementar íntegramente, por una parte, los Acuerdos de Paz de La Habana y por la otra, buscar con cuanto grupo irregular que afecta a la nación, los acuerdos que permitan el cese del derramamiento de sangre interno.
Lo cierto es que si ello se lograre, habria que ver cual sería el efecto sobre Venezuela donde, según reportan los medios, fuerzas irregulares colombianas controlan una pequeña parte del territorio nacional y además son beneficiarias de la explotación de recursos mineros en el estado Bolivar, sin mencionar -por supuesto- las actividades vinculadas al tema de las drogas que se les atribuyen.
Mientras eso ocurre como consecuencia de decisiones políticas colombianas, las negociaciones del lado venezolano parecieren no avanzar, quizás porque quienes despachan desde Miraflores observan, por una parte, que no estamos en el año 2019 cuando su adversario tenía muy importante respaldo internacional y porque es lo cierto que, en estos tiempos que corren, ya se reúnen directamente con los norteamericanos quienes son, con sus sanciones, los que más afectan su accionar.
Lamentablemente para nosotros, el tiempo de negociación del año 2019 se desperdició con decisiones erradas y ciertamente, a pesar de las declaraciones del sector opositor, desde la distancia bogotana, pareciere improbable que las mismas se reanuden, más aún si recordamos la presencia en ella de actores internacionales en conflicto como lo es Rusia quien, nadie lo dude, en su actual situación, prefiere atizar rencillas respecto de USA que resolverlas y es lo cierto que el señor Maduro en eso le colabora.
El tiempo avanza.
Guste o no, el 2023 o el 2024 -pues el CNE puede convocarlas cuando se le antoje- habrá elecciones presidenciales en Venezuela, donde nuestra incapacidad, no ha permitido la reinstitucionalización de los poderes y muy en especial del Judicial, lo que implica que la eventual decisión ciudadana que en el acto comicial se adopte, quedará al arbitrio de quienes integran en la actualidad en Caracas esa instancia judicial, ocupada -ayer y hoy durante la mayor parte de este siglo- por abogados muy vinculados al gobernante de turno, quienes con sus decisiones, han actuado más como parte que como jueces, con las implicaciones que ello conlleva. Así entonces quedaremos a la buena de Dios, quien por cierto, en estos tiempos que corren, muy ocupado está.
