Jueves 12 de julio 2021
Barra Plural
Con ocasión de un máster internacional en derechos humanos, justicia transicional y derecho internacional humanitario que estoy estudiando, encuentro en un texto la siguiente afirmación que me lleva de inmediato a Venezuela: “La doctrina y la jurisprudencia internacional sostiene como presupuesto de la protección de los derechos humanos: la democracia representativa, el Estado de Derecho y el pluralismo ideológico”.
Quien lee esa aseveración y conoce de alguna manera lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 puede perfectamente concluir cual es la situación de esos derechos que la comunidad internacional ha pretendido proteger con especial interés desde 1948.
En Venezuela no hay democracia representativa. La hubo hasta diciembre de 1999 cuando una minoría –con la oposición de otra y la abstención de una tercera- aprobó la actual Constitución. Así, ahora somos una democracia participativa y protagónica, lo que en realidad por el accionar equivalió a una democracia delegativa- si utilizamos la clasificación de O´Donnell- y que finalmente devino por la práctica en un híbrido entre autoritarismo y democracia.
Si consideramos el segundo elemento –Estado de Derecho- el mismo es absolutamente inexistente. Dos personas –con reconocimiento internacional- son considerados presidente de la república. La acción parlamentaria es discutida puesto que a quienes fueron electos el pasado diciembre se les anteponen –como consecuencia de la discusión existente inclusive a nivel internacional respecto de la validez de dicha elección- quienes ocuparon esa posición desde enero del 2016 y fueron impedidos de ejercer sus funciones por decisiones judiciales.
Si respecto del poder del cual emanaron estas últimas medidas hacemos referencia, desde julio del 2017 trece magistrados principales y sus suplentes –designados por la Asamblea Nacional para integran el más alto tribunal del país- están impedidos de ocupar sus posiciones en este, con procesos judiciales y exilio, en virtud de lo cual una parte de quienes en Caracas se encuentran decidiendo controversias en los cuales particulares y el Estado tienen interés, carecen de cualidad para ello.
Por lo que se refiere a los integrantes del Poder Ciudadano –Fiscalía General y Contraloría General de la República, así como el Defensor del Pueblo- dichas posiciones son ocupadas internamente en Venezuela por personas designadas en contravía de la Constitución por un ente distinto a quien esta le atribuyó la competencia para ello.
Finalmente, si nos referimos al pluralismo ideológico, si algo ha caracterizado estos más cuatro lustros de este siglo en nuestro país, es que se incurre en riesgo de vida, cárcel o destierro, el disentir de quienes ostentan el poder y la forma como interpretan su ejercicio. Las pruebas al respecto están a la vista.
Si a la descrita situación se le suma la circunstancia que cuando en el año 2006 la Organización de las Naciones Unidas constituyó el Consejo de los Derechos Humanos con la abstención de Venezuela –quien quería votar en contra como lo afirmó pero no lo hizo porque implicaría hacerlo conjuntamente con los Estados Unidos- podemos explicarnos el estado actual de los derechos humanos en nuestra tierra y por ende los informes que en contra de su actuar nacional e internacionalmente existen.
Solo el pleno retorno de la democracia y la libertad a Venezuela permitirá que una situación como la que describo cambie y aquella implica no solo cambios constitucionales que lo permitan.
