Un distinguido compatriota radicado desde hace mas de 15 años en Bogotá ha planteado al más alto nivel venezolano en materia migratoria la realización de una campaña internacional tendente a educar a los venezolanos que fuera del país nos encontramos respecto del respeto a la ley en los países de acogida por nuestra parte.

Gonzalo Oliveros Navarro

@barraplural

 Los años de chavismo en Venezuela no pasaron en balde. La circunstancia de que desde la presidencia del país se implementare como política de estado el desconocimiento de la normativa legal originó que algún grupo de connacionales –algunos de los cuales fuera de nuestras fronteras se encuentran- consideren que la norma de vida, independientemente de donde se encuentren, es el irrespeto de la ley y éllo gran daño hace a quienes fuera de nuestras fronteras nos encontramos y, por efecto de nacionalidad, se nos confunde con aquéllos.

Ciertamente que es una minoría la que contradice las normativas aplicables pero su actuar –lamentablemente- llama más la atención, probablemente por las implicaciones que éllo tiene que el de quienes apegan su conducta a la normatividad vigente.

Así como para minimizar la xenofobia hemos propuesto la realización de una campaña educativa liderizada por artistas y deportistas que contribuyan con las mismas, la propuesta esbozada en el primero de los párrafos que integran estas líneas resulta absolutamente pertinente.

En virtud de éllo, es prudente que se informe a quienes fuera del país se encuentran que somos responsables de lo que hacemos y que éllo conlleva la posibilidad que seamos enjuiciados, condenados y luego de éllo –no antes- deportados, tal como lo hemos propuesto en varias oportunidades a través de estas líneas.

La campaña en cuestión no necesariamente debe ser pagada con dinero de los países que nos reciben, total para éllos es tema normal que se cumpla la ley y se sancione a quienes no lo hacen; por esa circunstancia lo correcto es que salga de recursos venezolanos o cuando mucho de la ayuda internacional y allí la administración Guaidó tiene gran responsabilidad.

Los venezolanos que por el mundo estamos nos encontramos sometidos al control de actuación permanente de los habitantes de los países de acogida quienes no necesariamente individualizan conductas sino que privilegian la nacionalidad de quien actúa contra la legalidad y ante éllo es menester adoptar decisiones que conduzcan a minimizar de alguna manera las conductas contrarias a la ley. 

Si la propuesta presentada en conversación informal fructifica, todos seremos beneficiarios pues nadie podrá aducir desinformación cuando alguna decisión contraria derivada de conducta ajena a la ley desarrolle y sea llamado a responder.

A la espera quedamos de la implementación de la misma, en todo caso, mientras éllo ocurre seguiremos insistiendo en que quien fuera de nuestras fronteras incumpla la ley responda por éllo, no por su nacionalidad.