Jueves 26 de agosto 2021
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Mientras una parte del país está enfrascado en el tema electoral –incluido negociaciones- y otro lo está en su diario quehacer para mantenerse a flote, según una encuesta recientemente publicado, la apreciación de los venezolanos respecto del Poder Judicial se encuentra en su peor momento de la historia, dado que no alcanza el 4% de credibilidad y eso dice mucho respecto de nuestra situación país.
El año 2004 la Asamblea Nacional de la época modificó la integración del Tribunal Supremo de Justicia. El propulsor parlamentario de dicha acción, el diputado Pedro Carreño afirmó, en su momento –palabras máspalabras menos- que los nuevos magistrados que integrarían esa instancia estarían prácticamente resteados con el proceso que el señor Chávez adelantaba en el país. Dicha modificación fue la consecuencia del disgusto supremo que produjo en el ocupante del Palacio de Miraflores la sentencia a través de la cual se determinó que el 11 de abril de 2002 se había producido un “vacío de poder” y no un golpe de estado como aspiraban quienes fueron restituidos en las instancias de gobierno.
Es así como, desde esa fecha en adelante, buena parte de quienes esa instancia han ocupado privilegiaron su posición político partidista por sobre el derecho y la justicia, lo que se ha quedado plasmado en la circunstancia que el Estado venezolano no solo no pierde casi ningún proceso en el cual sea parte, sino que en cualquiera de las salas en las cuales de alguna manera se pueda ver afectado el interés gubernamental, las sentencias que se profieren siempre le favorecen.
La descrita circunstancia se complementa con el hecho que en diciembre del 2015, en un procedimiento expedito contrario a todas las normas constitucionales y legales, la Asamblea Nacional que catorce días después finalizaba su período, designó a 13 magistrados principales y 30 suplentes, muchos de los cuales carecían de los requisitos requeridos para ocupar esa instancia.
Todo eso que describo, más el hecho que los magistrados designados por la Asamblea Nacional en julio del 2017 no hubieren podido asumir sus funciones por la persecución contra ellos desatada, sin ninguna duda ha originado la percepción que la ciudadanía tiene respecto de la máxima instancia judicial del país en particular y poder que ella representa en general.
Esa situación debe ser discutida sin ambages por todos. El sistema de justicia en la actual condición a nadie la sirve pues carece del elemento fundamental, confianza. Ante ello es menester que, en los escenarios que corresponda se plantee la situación y que se propongan alternativas para resolverla. Continuar como estamos, a nadie beneficia.
Es menester iniciar la reconstrucción urgente del Poder Judicial. Eso no lo puede hacer en exclusiva uno solo de los actores políticos que hacen vida en el país. Creo, así lo afirmo, que debe ser un asunto de interés general. Iniciada la misma, debe revisarse de inmediato la estructura judicial íntegra de la nación y organizarse como corresponde y con base a la experiencia previa, los concursos de oposición. Todo ello, sin duda llevará tiempo, pero este se acortará en la medida que se inicie lo más pronto posible.
