El canciller de la República de Venezuela, Yván Gil, emitió un comunicado donde rechaza la decisión de la Sala de Apelaciones del CPI, destacando que durante la audiencia celebrada en noviembre del 2023, Venezuela presentó los recursos suficientes para demostrar la instrumentalización de este mecanismo tiene por objetivo fines políticos.

Al tiempo que lamenta la inacción del organismo ante el genocidio que sufre Palestina a manos del gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, enfatizando que el CPI ha optado por invertir su tiempo y recursos para seguir atacando la soberanía de Venezuela, en lugar de impedir o detener la crueldad en la Franja de Gaza.

A continuación, el texto íntegro del documento:

«La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su desacuerdo con la decisión emitida por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), en relación con el recurso de apelación interpuesto por el país contra la sentencia de la Sala de Cuestiones Preliminares en el asunto denominado «Venezuela I».

Durante la audiencia celebrada en dicha Sala de Apelaciones en el mes de noviembre de 2023, quedó amplia y suficientemente demostrado que el proceso incoado ante la Corte Penal Internacional responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido.

Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que, como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano, de manera soberana como establece la Constitución.

Venezuela lamenta que, mientras el mundo observa con horror como el pueblo palestino es víctima de un cruento genocidio ante la inacción de la burocracia internacional llamado a impedirlo o detenerlo, la Corte Penal Internacional haya optado por invertir su tiempo y los escasos recursos disponibles para seguir adelante con acciones que claramente desnaturalizan su razón de ser y minan su credibilidad como organismo de justicia internacional.

La República Bolivariana de Venezuela reitera que, como Estado soberano, tiene derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas. Venezuela sigue dispuesta y en condiciones para investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en su territorio soberano.

En ese sentido, desde hace algún tiempo, Venezuela ha trabajado estrechamente con la Fiscalía de la CPI para diseñar un programa de asistencia técnica orientado a seguir fortaleciendo las capacidades de las instituciones del Estado. Venezuela agradece la asistencia brindada y ratifica que no es necesario ni apropiado que la Fiscalía lleve a cabo investigaciones separadas o adicionales.

Finalmente, la República Bolivariana de Venezuela renueva, una vez más, su firme compromiso con el estado de Derecho y la legalidad internacional, al tiempo que continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles para revertir con la verdad todos estos mecanismos de instrumentalización política de la justicia penal internacional.