«No habrá paz sobre la base del temor», alerta Camilo González, jefe negociador del Gobierno con el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, en una semana en que fueron detonados dos carros bomba contra la Policía en el suroeste del país.

González afirma en una entrevista con EFE que una situación como la actual no se puede manejar con «desesperación» para evitar que «un petardo o una nueva situación nos prohíba llegar a la ruta de la paz».

El martes, las dos partes anunciaron en el departamento del Cauca que el 8 de octubre será instalada la mesa de diálogo y ese mismo día arrancará un inédito cese el fuego de 10 meses, pero menos de 24 horas después, un carro bomba mató a dos personas y dejó cinco heridos en el caserío de Timba (Cauca) y este viernes otro dejó cinco heridos en Jamundí (Valle del Cauca).

«Hay que permitirle al país una pausa y un periodo de búsqueda de un acuerdo de paz», responde González al ser preguntado por los recientes ataques, a la vez que recuerda que hasta el 8 de octubre no arranca el cese el fuego y «en este periodo como no hay pacto se puede esperar cualquier cosa, desafortunadamente».

Su esperanza es que «se vaya disminuyendo la intensidad (de los ataques) para llegar al 8 de octubre en mejores condiciones».

«Yo creo que va a haber un cambio en la situación, va a haber un alivio para la población que contrasta con lo que está pasando en estos días de incremento de conflictos, de guerra, de atentados, de operaciones ofensivas y defensivas, situaciones de mucho impacto para las comunidades», afirma el jefe negociador.

Especialmente porque, asegura, «no hay diálogo si la gente va al diálogo con un fusil en la espalda».

Cese el fuego

No es el primer cese el fuego que Gobierno y EMC logran. Desde enero hasta junio estuvo vigente uno que rompió el Gobierno después del asesinato de cuatro indígenas por parte de la guerrilla.

En esta ocasión, explica, «se está construyendo un mecanismo de verificación y monitoreo, y unas reglas del juego y compromisos que van a servir para disminuir infracciones».

A ambas delegaciones les pareció «sensato» el «tener más tiempo para que realmente se haga algo más que verificar si hay disparos o no, que muchas veces en estos periodos de cese el fuego tan cortos se nos va la mitad del tiempo montando mecanismos de verificación y en acusaciones de si se violó o no».

Por eso decidieron establecer 10 meses, para mostrar «que es posible construir y que es mucho mejor construir en cese el fuego y no con el ruido de los fusiles».

Para este cese de hostilidades se utilizará el mecanismo ya instalado para el anterior, pero «fortalecido» para que haya «formas de diálogo directo y muchos puntos locales».

Cómo será la mesa de diálogos

La idea es que sea un proceso «rotativo», adelanta González: que empiece en el Catatumbo pero que las siguientes reuniones puedan ser en Guaviare, en Florencia, entre otros, siempre bajo la premisa de «estar cerca de las comunidades, que están muy a la expectativa de alivios y de respuestas».

Todo apunta a que será un proceso que se llevará a cabo en Colombia, aunque no se descarta que se puede celebrar alguna reunión en otro país pues incluso el EMC llegó a plantear que se hiciera en Noruega.

«Vamos a diseñar una metodología itinerante participativa desde el principio», con una agenda que en todo momento «tenga una presencia de la gente de las comunidades, de los territorios», añade.

«La paz total no es un decreto ni es tampoco decir que no se acaba todo tipo de violencia», recuerda González, quien se muestra «optimista» con este proceso que acaba de empezar y en el que Colombia tiene las esperanzas puestas, especialmente los más azotados por un conflicto que no da tregua.

Sobre fechas, González no da detalles pero adelanta que «existe el convencimiento desde el Gobierno de que lo ideal es lograr un acuerdo en el tiempo político de esta administración», a lo que añade que «no está escrito que los procesos tengan que durar ocho o diez años».

«No va a haber en Colombia un acuerdo de paz si no hay intervención del Congreso, si no hay una armonización entre las diferentes entidades del Estado y si no intervienen los empresarios, todos los sectores sociales, sectores populares y un apoyo de la comunidad internacional; tiene que ser un proceso abierto y eso es lo que queda, la posibilidad de ser efectivamente participativo», señala.

Hoy, en Colombia, «existen las condiciones políticas, se necesita que las voluntades se alineen», afirma el jefe negociador.

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