El gobierno del presidente chileno Gabriel Boric anunció el jueves que fortalecerá las funciones policiales y reasignará recursos para combatir el crimen, en medio de una crisis de seguridad que se agudizó las últimas horas tras la muerte de un policía durante la madrugada, el tercero en menos de un mes.

Considerado uno de los países más seguros de la región, Chile registra un aumento de ciertos delitos en los últimos años como los homicidios o los robos con violencia, así como la aparición de crímenes antes escasos en el país como extorsiones y sicariato, lo que ha instalado a la seguridad pública como la mayor preocupación de los ciudadanos.

«Todo Chile está golpeado y como Gobierno nos hacemos parte de esos sentimientos», dijo la ministra de Interior, Carolina Tohá, en una conferencia de prensa a primera hora de la mañana. Pero como gobierno «no tenemos la posibilidad de quedarnos en esa indignación y en esa conmoción, tenemos que actuar».

El gobierno adelantará el inicio de un plan de intervención en una treintena de municipios con altos niveles de delitos violentos y que concentran un tercio de la población. El piloto partirá este mes en el municipio capitalino de Santiago y también contempla investigación sobre tráfico de armas y persecución penal.

Tohá dijo que también continuarán reforzando el equipamiento policial como se ha hecho en los últimos meses, por ejemplo con mayor cantidad de vehículos blindados o chalecos antibalas.

Durante la jornada también habrá reuniones con los servicios de seguridad interior y, por la tarde, Boric encabezará un encuentro con altas autoridades del Poder Legislativo, Judicial, la Fiscalía y la Contraloría para ahondar la coordinación y fortalecer acciones, entre las que también figura seguir la rutas del dinero.

La muerte del policía Daniel Palma, de 33 años, baleado en la cabeza durante un operativo de fiscalización en el centro de Santiago, se suma al reciente asesinato de la policía Rita Olivares, que recibió un disparo durante un procedimiento contra un asalto en la localidad de Quilpué, cercana a la capital.

Poco antes había perdido la vida otro policía en la sureña ciudad de Concepción, quien fue atropellado tras fiscalizar un local de venta de alcohol.

El alza de los crímenes, las muertes policiales y la percepción de inseguridad entre la población han llevado al gobierno a abrazar con más fuerza una agenda de seguridad pública, que ha incluido el envío al Congreso de nuevas leyes para respaldar la acción policial, tipificar nuevos delitos o perseguir la delincuencia organizada.

El propio Boric, que durante sus años de diputado fue crítico de la acción policial, ha tenido que enfrentar tensiones internas en su coalición de gobierno frente a este tema pero él mismo ha endurecido su discurso contra el crimen o los efectos de la inmigración irregular, que golpea sobre todo al extremo norte del país.

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