Hace treinta años pocos imaginaron que los llamados encapuchados llegarían al poder para destruir las universidades públicas y autónomas, consideradas su resguardo durante muchos años, para luego intentar apropiarse de las privadas. Y, nadie se imaginó que contarían con el silencio y la anuencia de quienes dicen ser sus opositores, por cierto, capaces de pervertir el liderazgo universitario y juvenil distinto al que se tuvo, incluso, para salvar al país del castro-comunismo en la década de los sesenta.
Hoy, en las consabidas negociaciones de México, faltaron como invitados el presente y el futuro de nuestras máximas casas de estudios, además de otros temas como el de la salubridad o la hiperinflación, porque a las partes solamente les interesa el circo y el reparto electoral del próximo 21 de noviembre, justamente, el Día del Estudiante.
Recientemente, he leído con atención el libro de Carlos Hoevel, La industria académica: La universidad bajo la tecnocracia del imperio global, de la Editorial Teseo, Buenos Aires (2021), que permite una mejor comprensión del calculado desastre de la educación superior en Venezuela. Aunque discrepemos, conceptualmente, del autor en algunos aspectos, por ejemplo, su idea de que la industria académica incluye solo las aplicaciones “gerenciales y de mercado”, yendo a la “empresarización total” de la universidad, dándole una lógica funcional. Sin embargo, finalmente, la entiende en un marco de equilibrio entre mercado, empresa y Estado.
Desde mi perspectiva, Hoevel confunde la industrialización con una radical mercantilización, tema que nos permite recordar que Norberto Bobbio empleó la expresión “industria política”, legitimándola como el pleno desarrollo institucional de la política y de lo político (¿Qué socialismo?. Plaza &Janés. Barcelona, 1977: págs. 127 ss.) que equivale a aceptar como industria académica el desarrollo cabal, institucional y efectivo de los fines de la universidad en lo ético, lo académico y lo socio-político. Por otra parte, en el peor de los casos, por muchos reparos que puedan hacerse, son los países democráticos y capitalistas, mediante esa extraordinaria alianza con la academia, los que han puesto a caminar al hombre en la Luna y colocar naves en Marte, o investigar y manufacturar vacunas anticovid19, confiables y cada vez más baratas, al lado del tirano y megalómano norcoreano que juega a tener un artefacto nuclear.
Así, permite constatar la terrible desindustrialización académica venezolana, con sus desoladas y vandalizadas instituciones universitarias, a las que ya podemos considerar comunas, como muy bien lo ilustra el caso de la Universidad Simón Bolívar y sus sedes de Sartenejas y el Litoral. Ambas, en un pasado reciente, vanidosas y sobradas y, hoy día, disminuidas y, quizás, olvidadas. Y no toda la culpa de ese olvido se le puede achacar a los negociadores de la “oposición” en México, porque en Venezuela todavía esperamos por la reacción de los dirigentes y referentes morales de las propias universidades.
En efecto, después de fallecer el rector Planchart, el Consejo Nacional de Universidades nombra, para lo que entiende como su comuna y local del PSUV, a un rector y dos vicerrectores, bajo el rechazo generalizado de la opinión pública y con una tímida reacción de los académicos y políticos. Así lo manifiestan dos exrectores ―uno de ellos fue dos veces rector, pues también renunció a la dirección de una universidad privada, y el otro se encuentra fuera del país―, mientras operan más para colocar a sus delfines que para defender la otrora internacionalmente reconocida casa de estudios. Por cierto, ambos coincidieron en no manifestarse nunca en contra de un intruso nombrado como vicerrector académico, ajeno a Sartenejas, en cuatro largos años, como sí lo hicieron hace poco pretendiendo que el régimen convirtiera al aludido paracaidista en rector encargado, apostando por unas elecciones a mediano plazo. Ambos exrectores, actuaron al mejor estilo de los negociadores de México, porque el régimen no hará las elecciones universitarias de acuerdo con las famosas sentencias del TSJ (0324 y 047), posición cómoda luego de tomar a la Simón Bolívar (por cierto, con un rector subordinado, pero tan científico y académico como el par de exrectores), y mucho menos de conformidad con el artículo 109 de la Constitución. Esto es, simplemente, una medianía complaciente en apariencia.
Al régimen le espantó la sola intención del Consejo Directivo de modificar el reglamento electoral, es decir, prefieren arrebatarle la universidad a sus verdaderos dueños. Es sabido que diez profesores con sobradas credenciales, y mucho ánimo, fueron auspiciados por la asociación de profesores para la aspiración del rectorado; ocho docentes fueron impulsados por el representante del Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria, y otros dos surgieron del seno del propio consejo. Y nuestros exrectores, haciéndose parte de esta galopante desindustrialización académica del país, al mejor estilo de la MUD-Frente Amplio, del cual uno de ellos fue destacado vocero, cedieron, y, en lugar de entender que es otro el país, todavía buscan a un chivo expiatorio para lavar sus culpas, intentando una maniobra que les permita negociar directa o indirectamente con el ministro del ramo que está en su hora estelar. En otras palabras, unas elecciones como mejor a él le parezca. No comprenden que la universidad está tomada y el ganador se lleva todo, demostrando quién y quiénes mandan: el régimen no negocia ni siquiera en México y, menos lo hará, con cualquier universidad del país. Solo habrá elecciones universitarias o de algún gremio cuando ese mismo régimen se vaya o tengan la certeza de que van a ganar.
Estos son aspectos que pasan inadvertidos a especialistas como Carlos Hoevel, además, ideológicamente, predispuesto, y, aunque piensa que la renovación universitaria pasa por el equilibrio de factores como el mercado, las empresas y el Estado (pág. 328), luce incapaz de profundizar en casos como el venezolano que cada vez se vuelve más particular, y cuyo retroceso es gigantesco con solo saber de las cifras de deserción estudiantil y profesoral. Contrariadas las tendencias, como las del siglo XX venezolano, con una movilidad social que resultaba del paso por las aulas universitarias, no basta con decir que la masificación de las casas de estudios que tuvimos acá genera también desigualdad (pág. 217), porque –por ironía– ya no queda en pie institución educativa alguna en un país con dos supuestos mandatarios que juraron abrir de par en par las puertas académicas a todo aquel que deseara entrar. Que ocurra esto con una dirigencia estudiantil que ni sabe o no le interesa lo que hicieron las generaciones de 1928 y 1958, se entiende, pero con profesores con una larga experiencia rectoral, por supuesto que no. La universidad comunal solo espera por las zonas económicas especiales que las amoldará definitivamente para perder hasta el modo de andar. Ojalá y estas líneas nos sirvan para recordar que insistir en la denuncia es resistir los ataques de la tiranía para, así, persistir en el trabajo por la libertad y la democracia.
@freddyamarcano
