*** La oposición, a pesar de las presiones de Primero Justicia, no desmontará el gobierno interino, pero lo reducirá casi a la mínima expresión, la de la legitimidad de la presidencia interina de Guaidó.
Por FRANCISCO POLEO
El gobierno interino presidido por Juan Guaidó entra en momentos críticos. El 5 de enero del 2022 cesa la continuidad de la Asamblea Nacional del 2015, aprobada por la Comisión Delegada Legislativa el 26 de diciembre del 2020, tras la Reforma de la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia en Venezuela. Los escándalos de corrupción, el manejo arbitrario del poder y, en última instancia, la falta de efectividad puesto que, casi tres años después Nicolás Maduro sigue en Miraflores, hacen que su continuidad quede en entredicho.
Sin embargo, está el tema de la legitimidad inherente al cargo y la representación internacional, que, sobre todo, sirve para proteger los activos de los venezolanos en el extranjero. Entre ellos, destacan Citgo, Monómeros y el oro custodiado por el Banco de Inglaterra. Si la presidencia interina cesa, los gobiernos de esos países se verán contra la espada y la pared, pudiendo tomar la decisión de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela en vista del vacío de poder.
Está claro que la presidencia interina, manejada hasta ahora por Voluntad Popular, no ha puesto de su parte. «¿Vamos a salir de una dictadura para entrar en una monarquía?», nos dice una fuente de la cúpula del G4. En el seno de la oposición se acusa específicamente a Leopoldo López de manejar a su antojo el interinato, muchas veces de manera arbitraria. Eso, y escándalos como el de Monómeros, han llenado de argumentos a Primero Justicia, cuyos líderes ya no necesitan mostrar sus verdaderas razones para serruchar la silla donde se sienta Guaidó. Julio Borges llegó al extremo de pedir que se desmontara el templete por completo, pero ha reculado en los últimos días debido a presiones externas.
La solución, por tanto, será intermedia. Freddy Guevara (VP), le adelanta a Alfredo Michelena en entrevista publicada en Zeta que «se va a mantener la Asamblea Nacional legítima, el GI y la presidencia de Juan Guaidó. Con modificaciones, pero se mantendrá lo fundamental que es el no reconocimiento a Maduro. Al final de cuentas en esto no se trata de Guaidó o no, se trata de que si no se tiene una contraparte legítima, el de facto– es decir Maduro- es quien asume la representación del país».
Zeta pudo confirmar que el acuerdo será mantener la Asamblea Nacional legítima, de donde emana la legitimidad de Juan Guaidó, quien actúa, y seguirá actuando, como presidente interino de Venezuela en tanto lo sea también del parlamento. El gobierno interino, por su parte, será reducido. En este momento, más de mil funcionarios forman parte del mismo. Tras el ajuste, sólo quedarán algunas representaciones en países determinantes. Estados Unidos, Colombia y algún otro. Poco más. Guaidó quedará como representante legítimo ante el mundo, pero la conducción de la política opositora dependerá de los partidos.
Una vez solucionado ese embrollo, la oposición deberá concentrarse en lo que viene: el reinicio de las negociaciones en México y la consecución de condiciones justas para las elecciones presidenciales del 2024. Una cosa va con la otra.
