El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha dado luz verde para que la ONU comience a administrar un nuevo fondo por valor de cientos de millones de dólares para abordar las necesidades de emergencia en Venezuela, han dicho tres fuentes informadas a The New Humanitarian.
La medida se produce casi un año después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición firmaran un acuerdo para crear el fondo, que pide que algunos de los 3.000 millones de dólares en activos venezolanos actualmente congelados por las sanciones en el extranjero se desvíen a programas de financiación en cuatro áreas: salud, educación, seguridad alimentaria y electricidad.
Es poco probable que el fondo fiduciario esté en funcionamiento de forma inminente, dijeron las fuentes, que hablaron de forma independiente con The New Humanitarian bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente. Las capas de la burocracia de la ONU y la necesidad de identificar los fondos que se pueden transferir tomarán tiempo para navegar. Tanto el gobierno de Maduro como la oposición deben estar de acuerdo con el desbloqueo de fondos específicos para que suceda, y entonces no está claro cuánto tiempo les llevará poder movilizar el dinero.
Las fuentes dijeron que la totalidad de los 3 mil millones de dólares, que se han mantenido en bancos extranjeros debido a las sanciones impuestas por los Estados Unidos y otros países occidentales, no estarán disponibles en el corto plazo, y ahora se estima que alrededor de 600 millones de dólares podrían descongelarse progresivamente.
Más de 7,7 millones de venezolanos han huido del colapso económico del país desde 2015, y los 28,7 millones restantes se enfrentan a la escasez de alimentos, la ruptura de los sistemas de salud y educación y la inflación desbocada.
Venezuela ha recibido solo alrededor del 30,8 % de los 720 millones de dólares solicitados en el Plan de Respuesta Humanitaria elaborado por el organismo de coordinación de la ayuda de emergencia de la OCHA. Se suponía que esto ayudaría a 5,2 millones de venezolanos a finales de este año.
A pesar de las múltiples crisis superpuestas que afectan al país, se necesitaron meses de negociaciones para obtener la autorización de la ONU para liberar los fondos, una decisión que se espera que se haga pública en los próximos días.
Las conversaciones sobre el fondo fiduciario comenzaron durante las llamadas reuniones de «diálogo de México» que llevaron al gobierno de Maduro y a la oposición a una mesa de negociaciones en 2021 para encontrar una manera de salir de la crisis política de Venezuela y organizar elecciones libres en 2024.
El «Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano», también conocido como el «acuerdo Social», se firmó en noviembre de 2022 y se consideró un avance histórico dadas las tensiones políticas de Venezuela y las negacións de la crisis humanitaria por parte del régimen de Maduro. Pero las negociaciones políticas entre los partidos venezolanos se estancaron después de eso, y los Estados Unidos tardaron seis meses en aceptar proteger la cuenta del fondo de los acreedores, y otros cinco meses para que la oficina del secretario general de la ONU aceptara administrar el fondo fiduciario.
Aunque las fuentes dicen que no está relacionado, la luz verde de la ONU se produce cuando el gobierno venezolano y la oposición emitieron una declaración pública conjunta el 16 de octubre, diciendo que habían acordado reanudar las negociaciones políticas, con Noruega como facilitadora. Los miembros de ambos partidos reanudarán las conversaciones en Barbados hoy, menos de una semana antes de las primarias del 22 de octubre.
El Washington Post y otros medios de comunicación informaron que en conversaciones con el gobierno de Maduro, la administración de Biden dijo que aliviaría las sanciones a la industria petrolera de Venezuela si la reunión conducía a que el régimen venezolano y la oposición firmaran un acuerdo para que las elecciones monitoreadas internacionalmente se llevaran a cabo el próximo año.
«El reinicio de las negociaciones es una buena señal. Ahora es más urgente que nunca que se implemente el acuerdo humanitario alcanzado por las partes», dijo Geoff Ramsey, miembro senior de Venezuela y Colombia en el Consejo Atlántico, a The New Humanitarian. «La ONU tiene la responsabilidad de trabajar para implementarlo lo antes posible. Esto es algo que todos los partidos en Venezuela han estado presionando durante meses».
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