El 24 de junio del año pasado, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo (festividad, por cierto, que careció del brillo y el impacto que merecía este acontecimiento magno de nuestra historia), la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que llamó a refundar la nación en vista de la crisis sin precedentes que vive el país, haciendo especial referencia a la situación de la salud pública, la educación, el drama de los millones de migrantes, y la preocupante deriva autoritaria, agudizada por la amenaza del establecimiento de un ordenamiento totalitario, vía proyecto del Estado comunal.

@fidelcanelon / El Nacional

Este llamado, que puso sobre el tapete la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente como salida eventual a la profunda crisis nacional, fue reiterado por la CEV en su asamblea ordinaria de este 13 de enero, y ha sido defendido y divulgado -en estas páginas- por monseñor Ovidio Pérez Morales. Más recientemente, fue apoyado por la exmagistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol León, asumiendo la vocería de varios grupos profesionales, sindicales y de la sociedad civil.

Son varios los aspectos interesantes de analizar de esta propuesta. Lo primero que hay que destacar es la naturaleza del convocante: no es una parcialidad política o líder determinado, sino la máxima representación de la Iglesia nacional, lo cual indica, en cierta manera, que ante el desgaste que ha tenido el liderazgo opositor en los últimos tiempos, esta (que, por la naturaleza de su misión, tiene siempre un pie en el plano espiritual y otro en el terrenal) ha decidido asumir una postura más proactiva en el escenario nacional (nunca ha dejado de tener, ciertamente, una participación relevante, solo que en algunos momentos históricos su protagonismo ha sido estelar e incluso decisivo). Se estaría apoyando, en este sentido, en su indiscutible auctoritas, que ha tomado fuerza en medio del desdibujamiento de las otras instituciones que antes marcaban pauta, como los partidos y las Fuerzas Armadas. A su vez, podría deducirse -al tenor de la materia sensible sobre lo cual se ha pronunciado- que en los actuales momentos la Iglesia está más nucleada y unida que en tiempos de Chávez, cuando no pocos de sus sacerdotes e incluso jerarcas manifestaban cierta simpatía por el régimen.

Sobre el contenido de fondo de la propuesta, hay que decir con franqueza que en los actuales momentos está lejos de tener el camino despejado, ya que, al igual que la iniciativa del referéndum revocatorio, comporta para el régimen altos riesgos para su cómoda continuidad en el poder; sin embargo, tiene a su favor, por así decirlo, el hecho cierto de que en nuestro devenir histórico como república toda gran crisis -y esta, vaya que lo es- y todo nuevo ciclo histórico ha terminado en una Asamblea Constituyente, independientemente de que en numerosas ocasiones los caudillos han abusado de la fórmula con el único fin de mantenerse en el poder o satisfacer algunos de sus caprichos (no tenemos que ir muy lejos: está fresca la pantomima de la Constituyente de 2017, posiblemente la única en la historia que no elaborado una constitución).

Por otra parte, la Constitución actual tiene la virtud de que facilita los caminos para una Constituyente, pues no solo señala que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” (artículo 5) sino que estipula explícita y claramente tal posibilidad al establecer que, como depositario del poder soberano, “el pueblo puede convocar una Asamblea Constituyente con el fin de transformar el Estado” (artículo 347). En ese articulado se funda justamente la Conferencia Episcopal para lanzar su iniciativa. No se deja de ser -en cierto modo- paradójico que una parte relevante de la argumentación del Episcopado se inspira en los principios de la constitución del 99: “Las principales instituciones de la vida ciudadana están siendo golpeadas a tal punto que se pretende imponer una nueva visión y un modelo diverso al de la democracia participativa y protagónica propuesta en la Constitución” (Comunicado con motivo del Bicentenario de la Batalla de Carabobo).

Esta paradoja es extensiva, en líneas generales, a toda la oposición: desde los primeros años de su gobierno Chávez empezó a sentirse incómodo con “su” Constitución, y no en balde acuñó el término de “la bicha” para referirse a ella, y luego intentaría su reforma a través de un referéndum en 2007, donde se llevaría su primera gran derrota. La oposición, en cambio, sobre todo desde ese momento seminal (2007), se ha mostrado desde entonces como defensora del texto supremo, consciente de que, más allá de la fraseología bolivariana y de sus excesos estatistas, contiene importantes conquistas en el terreno de la democracia, las libertades públicas y los derechos humanos.

De cualquier forma, es difícil saber el destino final de la propuesta. El Episcopado, alejado en buena medida del pugnaz ambiente polarizado de tiempos recientes y no tan recientes, está muy claro que no puede utilizarse, sin más, el argumento de la mayoría (a sabiendas del carácter electoralmente minoritario que desde hace tiempo tiene el chavomadurismo, claramente visible en las elecciones de noviembre) y por eso llama al diálogo y el entendimiento e incluye en su llamado a la dirigencia chavista.

Sin el concurso de la cabeza del Estado es imposible, sencillamente, llevar a cabo esta iniciativa, por más facilidades que brinde el texto constitucional (ya vimos lo que pasó con el referéndum revocatorio), como lo demuestra la experiencia no solo en nuestro país sino en tantos otros países. Tenemos a la mano el ejemplo reciente de Chile, donde, después de no pocas reticencias, Piñera y el resto de la clase política de la derecha y la centroizquierda -el statu quo- terminó apoyando la Constituyente, que inicialmente impulsaron los sectores emergentes que capitalizaron las protestas de 2019. Un mínimo de consenso es necesario para una salida de tal magnitud, sobre todo en un contexto como el nuestro, donde -aunque no parezca- existe, en el fondo, una situación muy parecida a lo que Gramsci llamaba un empate catastrófico de fuerzas.

Por eso, no hay razones para creer que, en las actuales condiciones, si llegara a reanudarse el diálogo, el régimen aceptaría considerar seriamente la propuesta. Maduro, Cabello y demás dirigentes rojos están enfocados en llegar en las mejores condiciones posibles a las elecciones de 2024 (o antes de esa fecha, si hubiese un acuerdo en tal sentido). Pero -he aquí la otra incógnita- la propuesta de la Constituyente podría tomar fuerza en un contexto donde fracasen definitivamente las negociaciones o donde estas no lleven, efectivamente, a una serie de reformas en el ordenamiento institucional que favorezcan, lo más rápidamente posible, el crecimiento sostenido de la economía, la llegada de capitales y la mayor eficacia y capacidad de respuesta del Estado a las urgentes necesidades sociales del país.