Hoy, a cinco meses de la detención de Alejandro Rebolledo en el Helicoide, sus familiares alzan la voz en defensa de sus derechos humanos. “Cinco meses sin justicia, sin comunicación, sin garantías constitucionales, sin el respeto más básico a su dignidad y a sus derechos como ciudadano”, según lo explicaron.

Ya se cumplieron cinco meses de la injusta detención del doctor Alejandro Rebolledo, reconocido jurista venezolano con más de 30 años de trayectoria en derecho penal y prevención de la delincuencia organizada. Desde entonces, permanece recluido en el Helicoide, en condiciones que violentan gravemente sus garantías constitucionales y su derecho al debido proceso.

Alejandro Rebolledo fue arrestado tras presentarse voluntariamente ante los tribunales venezolanos, en respuesta a una orden de aprehensión relacionada con su juramentación en 2017 como magistrado principal del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional de ese entonces.

Se le imputan los delitos de traición a la patria y conspiración contra la forma política, cargos que contemplan penas de hasta 30 años de prisión. Sin embargo, hasta la fecha, el Alejandro Rebolledo no ha tenido acceso a su expediente ni a una acusación formal debidamente notificada. Tampoco ha tenido contacto con sus abogados, ni ha podido realizar llamadas telefónicas ni recibir visitas familiares o legales, vulnerándose así de manera sistemática sus derechos fundamentales.

Las audiencias se han realizado sin su traslado físico al tribunal, de forma remota e irregular, imposibilitando su derecho pleno a la defensa. Un proceso que avanza de manera exprés, sin las mínimas garantías de transparencia, imparcialidad y respeto a la legalidad.

Es importante reiterar que Alejandro Rebolledo nunca participó en las decisiones del denominado “TSJ en el exilio”. Se desvinculó de manera pública y oportuna, y toda su carrera ha estado dedicada a la promoción de la justicia, la ética profesional y el estado de derecho.

Solicitud al Ministerio Público

Sus familiares solicitan al Ministerio Público tener acceso inmediato al expediente y a la acusación formal, la garantía de un contacto efectivo con sus abogados y familiares, su traslado presencial a las audiencias y la restitución plena de sus derechos mediante su inmediata liberación. “Exigimos verdad, justicia y respeto a las garantías constitucionales. Concluyeron.

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