Este sábado 20 de enero, falleció la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, como consecuencia de un infarto. La congresista llegó sin signos vitales a la clínica Conquistadores, en Medellín.

En los últimos días, antes de su fallecimiento, Córdoba había permanecido hospitalizada en la cínica del Rosario, en la capital antioqueña.

En los últimos meses, Piedad Córdoba afrontó el duro golpe de la captura de su hermano Álvaro Córdoba, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, donde admitió su culpabilidad.

Durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), Córdoba adquirió protagonismo en medio de los procesos de liberación de secuestrados en poder de las Farc. No obstante, víctimas de ese flagelo, como Íngrid Betancourt, señalaron que ella le habría dado un manejo político a dichas liberaciones, en alianza con el entonces presidente Hugo Chávez, con quien tuvo cercanía, al igual que con el presidente Nicolás Maduro.

Hacia el 2007, Chávez y Piedad compartían intereses políticos y querían ganar réditos por cuenta de las liberaciones de secuestrados en Colombia que llevaban años en poder de las Farc. El presidente venezolano quería mejorar popularidad para el referendo constitucional, el cual perdió finalmente, y Piedad se preparaba como candidata presidencial y también fracasó en sus pretensiones.

Cuando Uribe extraditó a alias Sonia y Simón Trinidad, guerrilleros de las Farc, a Estados Unidos, Piedad y la insurgencia insistían en que ambos debían ser devueltos a su país y pretendían que mantener secuestrados a los tres estadounidenses se convertiría en un mecanismo de presión para obtener sus exigencias.

Mucho de esto se conoció por los computadores del llamado canciller de las Farc, alias Raúl Reyes, muerto en Ecuador en marzo de 2008 durante un operativo militar ejecutado desde Colombia, pero dicha información no pudo ser judicializada por no haber sido recaudada conforme a la ley.

Esa falla procesal en la recaudación de las pruebas llevó a que la justicia le restaurara a Piedad el derecho de ser elegida en cargos públicos y a una indemnización de 2.000 millones de pesos. Tampoco prosperó la causa penal en su contra.

Según se supo en ese momento, Piedad era conocida en las filas de las Farc con el alias de Teodora.

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