El caso de Timothy Alan Livingston, ciudadano estadounidense que ingresó al hotel Gotham en Medellín con dos menores de 12 y 13 años, el 28 de marzo, la reciente captura de Juan Pablo González, de 29 años, encontrado con un niño de 12 en un apartamento, también en la capital de Antioquia, y la captura, ayer, de un hombre de 27 años con dos menores en un motel de La Estrella, sur del valle de Aburrá, encendieron las alarmas respecto a la explotación sexual infantil.

El Observatorio de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) de la ONG Valientes registró que, según cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía, entre 2010 y 2023 hubo 3.090 víctimas de delitos asociados a la explotación sexual de menores en Medellín. El 77,4 por ciento de ellas fueron niñas y adolescentes.

Un reciente informe de la Mesa contra este delito en Medellín documentó que los victimarios suelen ser personas desconocidas, en su mayoría jóvenes o adultos de ingresos medios, residentes en la ciudad o visitantes internacionales.

EL TIEMPO conoció que detrás de estos casos existe un complejo entramado criminal que trasciende fronteras y se mezcla con el microtráfico y actividades ilícitas. Estas redes ofrecen –sobre todo a extranjeros– servicios sexuales (incluso con menores de 14 años, considerado un delito) y tienen como principal vitrina plataformas en internet.

Las investigaciones adelantadas dan cuenta de que estas páginas son de difícil acceso en Colombia debido a que están bloqueadas, lo que no ocurre en el exterior, especialmente, en Norteamérica e Israel. Ciudadanos de estos países vienen al país “única y exclusivamente” a buscar servicios sexuales de hombres y mujeres mayores (también ‘trans’), así como de menores.

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