El Tribunal 12 de juicio del Área Metropolitana de Caracas condenó a 30 años de prisión a los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zarate Soto, por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Por: El Espectador de Caracas con información de TalCualDigital
La información fue confirmada por el abogado Alonso Medina Roa, quien ejerce la representación del capitán y su familia. Ambos funcionarios de la Dgcim fueron hallados culpables por los delitos de homicidio calificado y torturas.
Sin embargo, la esposa de Acosta Arévalo, Waleswka Pérez de Acosta, denunció que faltando pocos días para el plazo que dio la Corte Penal Internacional (CPI) a los responsables que está actuando en contra de los crímenes de Lesa Humanidad, el Ministerio Público realiza la condena de dos funcionarios. “No se investigó la cadena de mando. No hay intención de hacer verdadera Justicia, solo de maquillar el caso”.
Por su parte, la ONG venezolana Coalición por los Derechos Humanos, que representó a la familia del capitán, indicó que solicitó al tribunal que se investigue a la línea de mando y se determine quien dio la orden de estos delitos.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 y reconocido por parte de la comunidad internacional como presidente encargado de Venezuela, destacó que el hecho se trata de una simulación de Justicia, “no es justicia y eso lo sabe la CPI. A Acosta Arevalo lo secuestraron, privaron ilegítimamente de su libertad y su familia, lo torturaron hasta la muerte, lo presentaron en silla de ruedas en un tribunal militar para enviar el mensaje a la Fuerza Armada”.
Expresó que siempre “mintieron” como con Fernando Alban, Pernalete y los casos que señalan al gobierno de Maduro como, “criminales de lesa humanidad. Ejecutores deben entender que los que les dan ordenes los señalaran. No repetición, reparación y justicia solo son posibles con independencia de poderes”.
Rafael Acosta Arévalo fue detenido en buenas condiciones físicas el 21 de junio de 2019 por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dgcim por su supuesta vinculación con el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019.
Tras estar desaparecido forsozamente por varios días, su abogado cuenta que al llegar a tribunales militares el 29 de junio presentaba evidentes signos de tortura y murió en el Hospital Militar, sin siquiera haber sido presentado ante el tribunal.
