Un proceso de diálogo y entrega voluntaria de armas de parte de las bandas criminales no tendría cabida ni éxito alguno, pues este tipo de iniciativas no está dirigido a delincuentes activos -como los grupos delincuenciales de la Cota 905-, sino de otro tipo de personas.

Por: El Espectador de Caracas con información de Tal Cual

En los últimos años, las bandas delictivas han expandido su poderío en Caracas gracias a un Estado que hoy parece olvidar que ocho años atrás – en 2013-  le dio cancha libre a la impunidad y al desarrollo de estructuras de crimen organizado, con la creación de zonas de paz tuteladas por el Movimiento por la Paz y la Vida, una instancia perteneciente al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, coordinada por el entonces viceministro José Vicente Rangel Ávalos.

Lo que fue un proyecto romántico de pacificación de estas bandas, basado en un pacto de no agresión entre grupos y respeto mutuo de los territorios controlados por cada uno de ellos, lejos de lograr la paz, sólo fomentó la delincuencia y la violencia; en el primer cuatrimestre del 2021, al menos cinco «enfrentamientos», uno calificado como masacre, entre fuerzas de seguridad nacional y grupos criminales han ocurrido en zonas populares de la capital, entre ellas El Cementerio, la Cota 905 y La Vega, de acuerdo con información de reportes difundidos en redes sociales por vecinos de estos sectores documentados por TalCual.

En medio de un panorama poco alentador con políticas inexistentes en esta materia, el gobierno de Nicolás Maduro, con el director de Cicpc, Douglas Rico, como actor de ese lado de la fuerza, planteó un proceso de diálogo con los delincuentes de bandas comandadas por líderes criminales de la Cota 905,  como «El Coqui», el «Vampi», entre otros.

“Está en estos momentos un proceso de conversación con esta organización criminal que está ahí instalada, para que depongan su actitud y entreguen las armas (…) Nuestro gobierno es un gobierno de paz. El diálogo, las conversaciones, las negociaciones son la mejor manera de conseguir la paz», dijo el director del Cuerpo de la Policía Científica Penal y Criminalística en su programa de radio del 26 de abril.

Crónicas de una muerte anunciada

Al respecto, el criminólogo Luis Izquiel señala que esa negociación no es más que la «repetición de un fracaso», en referencia al plan fallido de pacificación con la creación de las zonas de paz. Para el experto, revisar el proceso anterior y regresar al presente es saber que esas negociaciones fortalecieron el poder de estos grupos. Y si de pérdidas se trata, la autoridad de algunos funcionarios vinculados al chavismo es algo cuestionable luego de que develaran sus intenciones de diálogo.

«Es muy negativo que la población vea a las autoridades, a un director de la policía de investigación negociando de tú a tú con un delincuente que asesina y extorsiona», sentenció Izquiel, al tiempo de precisar que es ingenuo pensar en que los presuntos delincuentes entregarían sus armas a sabiendas del valor que tienen en el mercado negro.

Para 2017, la investigación de Javier Ignacio Mayorca «Megabandas, una aproximación a la insurgencia criminal venezolana», reseñaba que, según reportes del Cicpc, de la Policía Nacional (PN) y la Guardia Nacional (GN), en Distrito Capital existían 38 bandas delictivas, lo que lo posicionó como el estado del país con más agrupaciones criminales de este tipo. En ese entonces también existían alrededor de 19 megabandas en la nación. Sin embargo, tres años después, esa cifra se ha duplicado. Estimaciones del también abogado Izquiel señalan que en todo el territorio hay entre 30 y 35 de esta agrupaciones.

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