Persiste entre algunos venezolanos la posicion de analizar jurídicamente las decisiones que adopta un gobierno como el que desarrolla su gestión a lo interno del país. 

Unos sostienen que es una dictadura, para otros una tiranía; algunos afirman que es una mafia y buena parte concluye que es un régimen autoritario. 

Todas esas caracterizaciones tienen un elemento común, en ellas el gobierno es la ley y la misma se aplica a su leal saber y entender. Bajo esos parámetros, es imposible discutir la juridicidad de las decisiones que se toman, lo que obliga, no a enzarzse en disquisiciones jurídicas dignas de altos foros de ese calibre, muy buenos para escribir folios y folios de enjundiosos argumentos, sino a enfrentarlas para avanzar y vencer. 

Una cosa es que una decisión sea justa o injusta,  legal o ilegal. Si aún siendo injusta e ilegal es posible ejecutarla, existe. Esa es una premisa que, en la actual situación venezolana creo indiscutible.

Quizás un buen ejemplo de como se enfrenta la arbitrariedad política devenida en jurídica en una materia de absoluto interés en el actual momento nacional, la tenemos no muy lejos.

Hector Campora fue elegido presidente de Argentina el año 1973. La elección recayó en su persona porque la persona por la cual los argentinos querían votar, el general Juan Domingo Peron, estaba inhabilitado por la dictadura de turno para ello.

Al general Peron -ni a sus partidarios- se les ocurrió discutir la legalidad de la medida, ni proponer como alternativa a la decisión de quienes ejercían el poder de impedir su candidatura,  la abstención. Decidieron competir.  Que un compañero ganara y creara las condiciones para el retorno al poder, para bien o para mal, ya los argentinos juzgarán, de lo que sería la última  presidencia de dicho general.

Venezuela se enfrentará el próximo año, muy probablemente,  solo a una elección presidencial, sino se decide desde el alto poder que sean generales y abarquen, aparte de esa,  parlamentarias, regionales y municipales. En cualquiera de ellas, no importa cuando se realicen,  varios de los aspirantes están inhabilitados.

En el caso de la presidencial,  ese escenario implica para quien finalmente resulte electo en la elección primaria del próximo mes de octubre una inmensa responsabilidad pues, si la persona que resulte vencedora en ese proceso interno tiene esa debilidad, el destino político de los próximos años de nuestro país, estará en sus manos y solo en ellas.

Si decide que es más importante la posición personal obtenida porque se convirtió en líder de la oposición, antes que la de  generar un cambio al interior del país y en tal virtud, no da un paso al costado, prefiriendo así  la abstención estéril antes que una sustitución convenida con sus compañeros de lucha, continuará -o  agravará- la situación del país.

Si por el contrario esa sustitución se produce y como consecuencia de ello resulta electo presidente quien finalmente le sustituyó y se consensúa un gobierno de transición, que se complementaría con la presentación de candidaturas unitarias en todas las instancias electivas pendientes cuyo resultado sería exitoso  -vistas las encuestas al día de hoy- sería posible reorganizar en dos años la institucionalidad del país,  para que en ese periodo cese la persecución administrativa y judicial, se abran las cárceles para que de ellas salgan los presos políticos, se permita el retorno de los exilados y en definitiva, se aplique a cabalidad la Constitución y la ley a todos, aún a quienes hoy ocupan el poder, con lo cual la ganancia será general. 

Los aspirantes presidenciales que compiten en la elección primaria del próximo trimestre en Venezuela tienen, parafraseando el juramento presidencial, una extraordinaria responsabilidad. Si cumplen con ella, Dios y la patria lo agradeceremos, sino, lo demandaremos. Esperemos pues que, antes de que priven -como ocurrió el pasado año 2018- los intereses particulares de alguno, lo haga el del colectivo.

La decisión adoptada por el general Peron de que su partido  compitiere en la elección de 1973 a pesar de la inhabilitacion que a él en lo personal lo afectaba, debería ser materia obligada de aprendizaje para los candidatos que hoy aspiran, desde la oposición, a sustituir la ocupación que el señor Maduro ejerce del palacio de Miraflores. Hay allí unas importantes lecciones que aprender. 

A veces la vida coloca a determinadas personas en posiciones  públicas que les honran, lo que les obliga a privilegiar más el interés general que el particular. Una situación como esa muy probablemente habremos de enfrentar en los meses próximos. Esperemos que la dirigencia esté a la altura de las circunstancias. 

@barraplural

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