Valga partir de la referencia a una nota reciente sobre el encuentro de Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Caracas, centrada desde su título en una muy pertinente pregunta, pareciera que la primera a considerar ante los nuevos acercamientos al gobierno venezolano: ¿comprometen al régimen a medidas de apertura política o legitiman la continuidad autoritaria? (Isayen Herrera y Julie Turkewitz “Engaging or Enabling an Autocrat?, The New York Times, 01.11.2022).
Elsa Cardozo / El Nacional
Por las pistas que dejan en el aire las noticias sobre movimientos políticos y diplomáticos recientes, en la balanza entre lo uno y lo otro, en el futuro inmediato seguirá pesando la disposición política de Estados Unidos y Europa, pero enmarcada en prioridades alteradas por la guerra y por las presiones económicas y tensiones políticas al interior de cada cual. El control del Poder Ejecutivo por presidentes que se definen de izquierda o progresistas, en los países con mayor potencial de recursos e intereses políticos y económicos para incidir en la situación venezolana, ha llevado a considerarlos como “puentes” con el régimen venezolano para reimpulsar las negociaciones que abandonó hace poco más de un año. Sin embargo, una muestra de lo dicho y hecho hasta ahora obliga a la cautela.
El impulso a la reanimación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) por parte de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández es un dato significativo. Se trata del foro creado con el apoyo entusiasta de Hugo Chávez, con la pretensión de ser la alternativa regional a la organización hemisférica que es la OEA, pero sin estructura organizativa institucionalizada, con una débil cláusula democrática y muchos silencios acumulados en materia de derechos humanos. El nuevo impulso trae consigo el riesgo de que en diferentes gradaciones se lee en las posiciones de los actuales gobiernos de México y Argentina, con la anteposición del principio de no intervención a cualquier valoración sobre abusos en el desempeño gubernamental, propio y ajeno. La muy reciente descalificación de la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela por parte de Alberto Fernández es expresión franca y extrema del modo sesgado de entender la no injerencia. También entran allí, con manifiesta dosis de pragmatismo, las palabras del embajador de Colombia para Venezuela, Armando Benedetti, ahora también en esa materia (En Colombia hay más violaciones de derechos humanos que en Venezuela). Sobre tales sesgos y riesgos la canciller de Chile, Alejandra Urrejola, ofrece una referencia muy distinta a las de otras izquierdas y progresismos regionales. En la reciente cita ministerial de la Celac en Buenos Aires manifestó la preocupación del gobierno chileno por “la reducción del espacio democrático en la región y el mundo”, refiriéndose expresamente a los casos de Nicaragua, Venezuela y Haití, con un llamado a trabajar por el fortalecimiento de la democracia en Latinoamérica y el Caribe. Esa preocupación se acompaña, sin contradicción, con el reconocimiento de la necesidad de activar una agenda de integración que aporte bienestar a las sociedades y fortalezca la voz de Latinoamérica en el mundo. Vista esta posición, expresada ya varias veces por el presidente Gabriel Boric, no es extraño que su gobierno no tenga “entrada” con el régimen venezolano.
En cuanto a Colombia, las urgencias nacionales y las estrategias internacionales que orientan el acercamiento de Gustavo Petro –incluso y especialmente si se asumen como tácticos los mensajes de su embajador, Benedetti y si se añaden los frenos que ha puesto Maduro a la normalización de vínculos– llevan a examinar con cuidado sus tres propuestas en lo multilateral. Ha planteado a ampliar la Comunidad Andina (que incluye deberes y derechos sobre comercio, derechos humanos y democracia) con el retorno de Venezuela y Chile; ha invitado a Maduro a que gestione el regreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (aunque tácitamente lo circunscriba a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), y lo ha sumado como parte comprometida con la preservación de la selva amazónica, como refleja el anuncio hecho por ambos, conjuntamente con el presidente de Surinam, en Egipto.
Son de otra escala las expectativas de compromiso humanitario y, mucho más, las de precisiones y garantías para elecciones presidenciales libres.
Esos dos propósitos han quedado públicamente planteados tras el encuentro de los presidentes Petro y Emmanuel Macron quien, valga recordar, es parte del trío de gobiernos que han ejercido (Francia), ejercen (Chequia) y ejercerán (Suecia) la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea. Pero en realidad es como fundador del Foro de París por la Paz que ha promovido la reunión de los representantes del gobierno y la oposición para impulsar el retorno a las negociaciones mediadas por Noruega. Además de Petro, Alberto Fernández también fue invitado por Macron como observador de la reunión. Fernández es otro de los amigos comunes a los que aludió Maduro en su “encuentro no planificado” con Macron en los pasillos de la conferencia sobre cambio climático en Egipto. Lula sería el tercero. La estrategia no parece haber incluido invitar a amigos latinoamericanos comunes de la oposición.
La importancia otorgada hasta ahora desde Francia a los gobiernos de Colombia y Argentina como puentes con el gobierno de facto de Maduro (en palabras de aclaratoria del Eliseo tras el imprevisto saludo) aumenta los temores sobre adónde pueden conducir a Venezuela estas gestiones.
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